Notes1

Los organizadores de la Conferencia Anual de ASCE de Agosto, 2013 constituyeron un panel sobre medidas a adoptarse en Cuba para promover el crecimiento económico y nuevas oportunidades para la población. El panel estuvo constituido por cuatro especialistas para cubrir sendas áreas de reformas que se consideran básicas en política económica: Ernesto Hernández-Catá cubrió los aspectos macroeconómicos, Luis Luis el sector externo, Jorge Sanguinetty los aspectos institucionales, y Antonio Gayoso el sector agrícola. El autor de este resumen actuó como moderador del panel.

Cabe anotar que este panel se llevó a cabo luego de tres sesiones donde se discutieron las reformas que se están implementando en Cuba y sus implicaciones. Una conclusión clara en esas primeras sesiones fue que esas reformas han demostrado ser muy tímidas y no estar a la altura de los problemas actuales de Cuba, como lo demuestra la falta de mejorías notables en la economía y en el bienestar de la gran mayoría de la población. Al hacer sus recomendaciones los panelistas tomaron en cuenta el difícil contexto cubano pero sin sentirse restringidos por la ideología del régimen cubano. Esto es en clara diferencia a la posición de algunos expertos del gobierno cubano o de comentaristas simpatizantes con el régimen que discuten posibles reformas dentro de un marco que mantiene el comunismo en la isla y el sistema político imperante. La deplorable experiencia de los últimos 50 años demuestra que el sistema económico cubano genera pobreza, no abre suficientes oportunidades a sus ciudadanos, y beneficia a una clase privilegiada compuestas por altos dirigentes del partido (nomenclatura) y sus familiares. Claro está que muchas de las recomendaciones recomendadas por el panel, en caso de ser implementadas serán sujetas a negociaciones políticas — como en cualquier otro país — y posiblemente implementadas de una manera sub-óptima en grado y tiempo.

MACROECONOMÍA

Hernández-Catá empezó con un análisis histórico de las políticas fiscales, monetarias y cambiarias en Cuba apuntando sus logros y errores antes de hacer recomendaciones de política macroeconómica. En el áreafiscal la eliminación del subsidio Soviético en 1990 creó un gran déficit presupuestario que fue financiado con expansión monetaria que solo logró agravar más la contracción del producto ya que la interacción entre los controles de precio y el alto crecimiento monetario resultaron en un exceso de oferta de dinero, ahorro forzado y racionamiento creciente. A partir de 1994 se dio una vuelta de timón y se controló el déficit fiscal que se mantuvo en un nivel mucho más razonable (de entre 2% y 3.5% del PIB de 1995 a 2004). Sin embargo, en los dos siguientes años se relajó la política fiscal y se deshicieron muchas de las medidas liberalizadoras tomadas en los años anteriores. El déficit fiscal escaló hasta el equivalente al 7.5% del PIB en 2008 como resultado de la caída del precio del níquel, del impacto de los efectos de cuatro huracanes devastadores, y del efecto de la crisis mundial sobre el turismo. Todo esto fue agravado por la euforia de la ayuda venezolana que produjo una expansión mayor a la capacidad de producción del país. El resultado final fue una crisis de balanza de pagos y bancaria que llevó a la administración de Raúl Castro a adoptar medidas mayormente de recortes de gastos que redujeron el déficit fiscal a 2–3.8% del PIB en 2011–2012.

Hernández-Catá agregó que, dada la importancia de un entorno macroeconómico razonable para crear las condiciones para el crecimiento, era importante mantener una política fiscal restringida y disciplinada pero que también había otros aspectos fiscales sobre los que se debe actuar. El nivel de gastos públicos en Cuba es extremadamente elevado lo cual le quita espacio (“crowding out”) al naciente sector privado. El sistema impositivo es sumamente ineficiente y complejo con impuestos de ventas con efecto de cascadas e impuestos sobre el uso de la fuerza de trabajo especialmente perversos porque crean incentivos en contra de la contratación de fuerza de trabajo y evasión de impuestos.

En cuanto a la política monetaria, Hernández-Catá observó que en general se ha mantenido la estabilidad de precios desde 1995 como resultado de los controles de precios — incluyendo salarios bajos y estables, y el tipo de cambio fijo — y una política monetaria disciplinada. Como parte de esta última en 2006 el Banco Central empezó a intervenir en el mercado cambiario para esterilizar el impacto de la expansión de crédito al gobierno. Sin embargo los controles de precios resultaron también en distorsiones y consecuente escasez de una gama de productos a lo largo del tiempo.

Hernández-Catá también observó que el sistema financiero cubano es primitivo — no hay mercado interbancario o de bonos y por lo tanto no se pueden hacer operaciones de mercado abierto o controlar las tasas de interés indirectamente. Las tasas de interés de los depósitos de ahorro son fijadas por el gobierno por largos períodos y no parecen jugar ningún papel en la asignación de recursos financieros. Hernández-Catá identificó en principio dos acciones que el gobierno puede tomar: (a) continuar la política de esterilizar el aumento del crédito al gobierno a través de la intervención en el mercado cambiario o (b) actuar sobre un agregado monetario amplio, como por ejemplo el M2A, ya que el Banco Central puede influenciar directamente sobre los bancos estatales. Lo primero fue lo que hizo el Banco Central desde 2006 pero esta política tiene sus limitaciones como se demostró cuando los bancos estatales tuvieron que suspender los pagos a firmas extranjeras o a importadores que habían abierto cuentas bancarias en pesos cubanos convertibles (CUC) o en dólares. Hernández-Catá recomienda que la política monetaria continúe siendo restringida pero complementada con nuevos mercados e instrumentos para hacerla eficiente. El Banco Central debería también ser el prestamista de última instancia, rol que aumentaría en importancia en la medida que aumente la participación del sector privado en el sector financiero.

Sobre la política cambiaria, Hernández-Catá hizo eco de muchas críticas que han sido hechas al sistema cambiario existente en Cuba. El hecho que existe un peso cubano que no es convertible (CUP), un peso cubano convertible a una tasa poco realista fijada por el gobierno (CUC) y que el dólar americano es parcialmente tolerado crea grandes ganadores y perdedores en la economía e importantes distorsiones en la asignación de recursos. Los ganadores son las empresas importadoras que pueden comprar dólares a la paridad de uno a uno, importadores oficiales de petróleo, medicina y comida, y los residentes cubanos que compran algunos de estos productos en montos limitados y a precios subsidiados a través del sistema de la libreta de racionamiento. Además las personas que reciben remesas del extranjero o ganancias en dólares también pueden vender sus dólares a una tasa de unos 22 pesos por dólar. Los grandes perdedores son los cubanos de “a pie” que tienen que comprar dólares a unos 22 pesos por dólar para poder adquirir artículos importados (solamente disponibles en tiendas especiales del gobierno — tiendas de divisas); los inversionistas extranjeros que cuando quieren remitir ganancias tienen que comprar dólares a la tasa de cambio sobrevaluada del peso y los sectores exportadores cubanos que cuando convierten sus dólares a la moneda nacional son forzados hacerlo a la tasa de paridad.

Este sistema cambiario crea grandes distorsiones al otorgar a bajo precio un recurso valioso a las empresas importadoras y al hacer que precios de algunos productos importados no reflejan su costo real para la economía. Al mismo tiempo no se le premia adecuadamente a los sectores que generan o ahorran divisas. Hernández-Catá sugirió tener una discusión seria de cómo implantar un sistema de una sola moneda convertible en Cuba para eliminar estas distorsiones.

SECTOR EXTERNO

Luis comenzó su presentación enfatizando que el sector externo restringe el desarrollo de la economía cubana dado que no genera a través de exportaciones netas o de la cuenta de capital las divisas necesarias para reforzar la muy baja tasa de ahorro de la economía. Luis identificó tres áreas vitales para mejorar la situación del sector externo cubano: competitividad, crédito del país y la confianza de los inversionistas.

La mejoría de la competitividad externa es necesaria para lograr integrar la economía cubana a la mundial y permitir que Cuba reciba los beneficios que están asociados a esa mayor integración. La competitividad mejorará si se implementan reformas para mejorar la productividad de las personas y empresas y su uso del factor escaso, el capital. Luis identificó como factores claves para mejorar la competitividad: la inversión extranjera, la unificación cambiaria, la convertibilidad de la cuenta corriente, la liberalización de precios y salarios, y la liberación de restricciones al establecimiento y operación de empresas privadas.

La inversión extranjera proporciona acceso al capital y tecnología, ayudando así al desarrollo de nuevos mercados para productos cubanos y mejorar la calidad de bienes de consumo en el país. Luis indicó que es necesario liberalizar las condiciones de la inversión extranjera para que juegue un papel más importante en Cuba. Sobre la inversión extranjera directa (la inversión que conlleva la propiedad y gerencia de activos productivos) notó que los flujos de inversión directa están determinados por la tasa de retorno dado los riesgos del proyecto. Los riesgos dependen del proyecto mismo pero además existen riesgos ligados al país adonde se hace la inversión (riesgo país).

Una forma de atraer inversiones extranjeras es amenguar el riesgo país. Los tres riesgos de país más importantes son la no convertibilidad de la moneda, el riesgo de expropiación o de pérdida de capacidad operativa y los riesgos regulatorios. En estos tres riesgos la calificación de Cuba es pobre. Cuba ha impuesto restricciones a la convertibilidad de las ganancias de los inversionistas; la más reciente fue durante el periodo 2008 a 2011 cuando fueron congeladas las cuentas en CUCs y en dólares de muchas empresas extranjeras, impidiendo así la repatriación de ganancias tal como lo comentara Hernández-Catá en sus comentarios sobre macroeconomía. El riesgo de expropiación es evidente dada la experiencia cubana, y los riesgos regulatorios aumentan cuando las reglas de juego son arbitrarias e imprevisibles reflejando frecuentes virajes de política económica y en la interpretación y aplicación de leyes y reglamentos vigentes.

Contrariamente, otras políticas pueden contribuir a mejorar el clima para la inversión extranjera tales como: el fortalecimiento de los derechos de propiedad (hay serias restricciones a la obtención de tierra, edificios, derechos minerales y otros activos de producción); la flexibilización de los contratos laborales (actualmente la contratación laboral se hace a través de agencias y empresas estatales y no directamente en el mercado laboral, lo que resulta en salarios muy bajos para los trabajadores (teniendo en cuenta que los demandantes se abstienen de ofrecer pagos encubiertos que les pudiera crear problemas con el régimen); el mejoramiento de la percepción crediticia del país dado que los inversionistas extranjeros tienen que acceder a los mercados crediticios internacionales (Cuba actualmente no tiene una calificación crediticia formal debido a su situación de cese de pagos (default) a una gama de acreedores externos) y la flexibilización de la participación accionaria extranjera permitiendo hasta 100% del capital (Cuba ha enfatizado hasta ahora los joint ventures con un máximo de 50% de capital accionario).

Luis reiteró la importancia de la unificación cambiaria por las mismas razones dadas por Hernández-Catá y otros analistas de la economía cubana. Al mismo tiempo notó que la convertibilidad de la cuenta corriente externa debe ser un objetivo de política económica — la eliminación de restricciones cambiarias o cuantitativas para transacciones corrientes con el extranjero que permitiría al país especializarse donde tiene ventajas comparativas. Adicionalmente, la liberalización de precios y salarios ayudaría a las empresas a decidir el tipo y cantidad de productos y servicios que proporcionan de acuerdo a la demanda que enfrentan y sus costos. Advirtió, sin embargo, que la liberalización de salarios probablemente sería gradual a medida que crezca la proporción de empresas independientes del estado en la economía.

Luis hizo unas sugerencias para mejorar la posición crediticia cubana. El vislumbra una secuencia que comienza con la normalización de las relaciones con las instituciones financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo que pudieran proveer asistencia técnica y créditos. Estas instituciones son claves para el establecimiento de la posición crediticia de la isla frente a la banca comercial y otros acreedores privados. Acuerdos con la banca comercial y los tenedores de bonos también son necesarios para restablecer el crédito externo. Estos acuerdos probablemente lleven a una quita importante del monto de principal e intereses demandado por los acreedores pero también es muy probable que se requiera el pago parcial de deudas en atrasos. Finalmente, Cuba necesita eliminar los atrasos de pagos a proveedores internacionales cuyas cuentas fueron congeladas y reestructuradas en los últimos cinco años.

La confianza de todos los inversionistas, domésticos y extranjeros, es crucial para fortalecer el sector externo. Mucho de lo ya dicho para aumentar la confianza de inversionistas extranjeros se aplica a los locales. Luis recordó que mejorar la confianza no es un mero asunto de legislar o crear reglas sino también de cambiar el comportamiento de los agentes de la sociedad y enfatizó que las reformas económicas y jurídicas ayudan a elevar el nivel de confianza. Una economía más eficiente donde las transacciones comerciales sean transparentes en si es un factor altamente positivo para fortalecer la confianza, como lo es tener un poder judicial independiente y derechos de propiedad sólidos que permitan una mayor autonomía de empresas privadas. En un nivel menor, el uso de códigos legales extranjeros pueden facilitar ciertas transacciones internacionales y el uso de arbitraje comercial internacional podría facilitar la solución de disputas comerciales o financieras.

ASPECTOS INSTITUCIONALES

Al comenzar a presentar sus ideas sobre la legalidad y derecho a la propiedad privada, Sanguinetty comentó que el gobierno cubano ha reconocido que para manejar la economía de manera eficiente se requiere aumentar la participación del sector privado en el sector productivo. En este sentido añadió que era importante para el gobierno cubano tomar en cuenta que las economías modernas de mercado operan bajo un estado de derecho; que el potencial de crecimiento de las economías de mercado están directamente relacionado con el grado de desarrollo y eficiencia de sus sistemas legales, y que los derechos de propiedad representan la piedra clave del estado de derecho en las economías de mercado.

Para elaborar estas ideas, Sanguinetty se refirió a algunas lecciones de la transición rusa a una economía de mercado. Hay algunas similitudes entre los dos países: ambas revoluciones comunistas fueron autóctonas. En ambos países cuando empezaron los cambios había una fatiga en el pueblo en general sobre el estancamiento económico bajo el comunismo y una aceptación del pueblo de las ventajas de tener propiedad privada. En ambos países casi no existía una sociedad civil al comienzo de sus transiciones y los oligarcas potenciales estaban bien posicionados como administradores o burócratas miembros de la nomenclatura. En Rusia se reconocía que había que actuar rápidamente para evitar oposición a las reformas.

Sin embargo, también hay diferencias entre Rusia y Cuba sobre los antecedentes históricos y las condiciones iniciales al comienzo de la transición. En el caso de Rusia una proporción importante de los activos nunca fueron privados; había poca memoria de derechos de propiedad privada, pocas reclamaciones de restitución o compensación de propiedades tomadas por el estado; no hubo reclamaciones provenientes de otros países sobre propiedades expropiadas y había una relativa independencia en las relaciones internacionales. En esta situación los oligarcas rusos surgieron porque había grandes empresas estatales en las que ellos tenían injerencia y sobre las cuales el gobierno tenía un control débil, y porque los reformistas tenían un precario poder político. No hubo tiempo para diseñar un buen plan de privatización teniendo que depender de emisión de cupones para las privatizaciones por razones de equidad. La población rusa no tuvo un buen entendimiento sobre el valor de los cupones y tampoco hubo igualdad de información para los diferentes sectores de la población sobre que activos iban a ser privatizados, todo lo cual favoreció a unos pocos.

Contrariamente a la situación en Rusia, en Cuba existe una gran proporción de activos expropiados y memoria de los derechos de propiedad privada que están siendo reforzados por las reformas que se vienen llevando a cabo. Además existen muchos reclamos de restitución o compensación que incluye empresas y ciudadanos estadounidenses. Hay que tener en cuenta que las relaciones con Estados Unidos son muy importantes por razones geográficas e históricas. Se puede pensar que en Cuba hay dos tipos de oligarcas potenciales: aquellos conectados con los activos productivos creados por el estado y aquellos conectados con los activos que fueron expropiados a sus dueños en el sector privado. El primer grupo tiene más oportunidad de convertirse en dueños dependiendo del control que tengan de las empresas. Por razones obvias será más difícil que el segundo grupo se convierta en dueños de las empresas que manejan. Dependiendo de cuan organizada sea la transición, aquellos que tengan el poder en ese momento estarán en condiciones de demandar algún beneficio privado para facilitar la transición.

Mirando hacia adelante, una transición desorganizada en Cuba es probable. Como la sociedad civil prácticamente no existe, la transición dependerá mayormente del gobierno, el cual tendrá que crear un sistema legal moderno y estimular la participación del sector privado en los sectores productivos de la economía. Algunas acciones están siendo tomadas en esta dirección pero no en la medida o a la velocidad necesarias. Un gobierno de transición tendrá que considerar que no puede mejorar la economía sin normalizar las relaciones con Estados Unidos y esto no se podrá hacer mientras se ignoren las reclamaciones de Estados Unidos y de su comunidad cubana. Algún tipo de compensación será necesaria y habrá que lidiar con los derechos de propiedad creados por la revolución. Esto representará un proceso complejo y largo que pudiera retardar la recuperación económica y crear desazón en la población. Preparar una transición ordenada es una buena inversión para Cuba pero esto va a depender, en última instancia, de los miembros del gobierno. Sanguinetty terminó su presentación preguntándose si los cubanos serán forzados a aceptar a oligarcas como el precio a pagar para lograr la participación del sector privado en el sector productivo.

AGRICULTURA

Gayoso comenzó su presentación expresando desconcierto por las pocas medidas significantes que se han tomado en Cuba para lidiar con la larga crisis del sector agrícola. Esto es así a pesar que en diferentes ocasiones especialistas han identificado los problemas y sugerido soluciones. Ha aumentado la dependencia de productos de consumo importados que tradicionalmente se producían en Cuba. La producción de azúcar y comestibles ha caído y muchas cosechas se echan a perder por atrasos en el transporte a los centros de consumo. La intermediación privada es prácticamente ilegal y la venta forzada a una agencia del gobierno (ACOPIO) de gran parte de las cosechas sigue siendo la regla. Dificultades en obtener los insumos para el sector agrícola continúan. Se mantienen las desviaciones al mercado negro agrícola que es la única manera que los productores tienen para cubrir gastos pero estos mercados por su propia naturaleza son ineficientes y generan corrupción. No hay derechos de propiedad en la tenencia de tierras y los campesinos pueden perder sus tierras si el gobierno decide que no están cumpliendo con sus obligaciones.

Un paso adelante, aunque atemperado, se adoptó recientemente cuando se decidió entregar tierras que habían estado sin producir por décadas en usufructo a campesinos. Bajo este proyecto los campesinos pueden recibir 13.42 hectáreas (una caballería) por un periodo de 10 años que puede ser extendido por el gobierno. Para dar una idea de magnitud, Gayoso mencionó que de 2 millones de hectáreas que habían quedado inactivas desde el colapso de la industria azucarera, unas 1.2 millones de hectáreas han sido entregadas bajo este esquema. Lamentablemente, la producción sigue bajo el control del estado y las tierras dadas en usufructo pueden ser retomadas de nuevo por el gobierno si no se siguen sus directrices. Gayoso explicó que a pesar de esta medida y las directrices del Partido Comunista emitidas en 2011 para promover el crecimiento económico (incluyendo muchas que tienen que ver con el sector agrícola), persisten serios problemas en la agricultura cubana que demandan cambios de política. El identificó nueve problemas en su presentación e hizo propuestas para su solución.

Inseguridad de la tenencia de la tierra que se debe a que los productores pueden perder sus tierras si no cumplen los contratos firmados con ACOPIO. Esto se aplica tanto a los que han recibido tierras en usufructo como a las cooperativas agrícolas. Una solución a este problema sería, que a la manera de China y Vietnam, se aseguren los derechos de tenencia de tierra a través de leyes para que los productores no queden a merced de los burócratas, de decisiones políticas de los ministerios, o de la oficina local del Partido Comunista. Una solución más radical seria darle el título de propiedad a todos los campesinos trabajando en tierras del estado como estaba propuesto — aunque no implementado — en la ley de reforma agraria de 1959.

Excesiva centralización del sector cuyos impactos negativos se agravan por una gran lentitud en la toma de decisiones. ACOPIO decide que productos se deben cosechar y obliga a los productores a vender sus cosechas (75% de ellas) a precios fijados por ACOPIO. Esta agencia provee el transporte de los productos a los mercados de consumidores. Los precios de ACOPIO frecuentemente están por debajo de los costos (a pesar de ciertos ajustes recientes) y el transporte para la producción no es lo puntual que debería. No es de sorprender que muchos especialistas piensen que una parte importante de la producción es canalizada a los mercados negros y vendidos en los mercados campesinos abiertos donde los campesinos pueden vender sus productos después de cumplir con sus cuotas con ACOPIO. Decisiones en el sector agrícola se suelen tomar solo después de prolongados estudios y discusiones a los niveles más altos del gobierno. La solución de este problema es dar a los campesinos más libertad para decidir sobre cuanto producir y donde vender sus productos y compensar cualquier efecto negativo sobre los pobres con una red de protección social que bien podría ser la introducción de un sistema de cupones para productos alimenticios básicos.

Gran deterioro de la infraestructura agrícola dado la falta de inversiones. El deterioro va desde carreteras, equipo de transporte, y viaductos a sanidad. Además, la FAO ha reportado un deterioro en las tierras por falta de fertilizante y malas prácticas de cosecha. El gobierno carece de los recursos para hacer la inversión masiva que se requiere. La inversión extranjera pudiera ser una fuente de inversiones si se le conceden las condiciones mencionadas anteriormente. Como se ha dicho, la intermediación privada de las cosechas agrícolas se mantiene prácticamente prohibida siendo esto una fuente de ineficiencias y de mercados negros. La incapacidad de ACOPIO de recoger las cosechas a tiempo, especialmente de las frutas es notoria. En los comentarios dados a los lineamientos a través de la nación en el 2010 hubo muchos comentarios sobre la necesidad de dejar a los productores las decisiones de mercadeo pero hasta ahora el gobierno no ha hecho un cambio de política en este respecto.

En el sistema de compras de cosechas, el gobierno explota a los campesinos. Los precios que paga el ACOPIO son más bajos de los que serían si se permitiera que las cosechas fueran vendidas libremente, y usualmente ACOPIO paga tarde. Las pérdidas de cosecha por la recogida tardía no son compensadas a los campesinos. Al mismo tiempo los mercados negros agrícolas que promueve las políticas gubernamentales son ineficientes y de alto costo. Los altos precios en el mercado negro permite pagar sobornos para que estas prácticas ilegales no se eliminen y no hay grandes incentivos para producir más y mejor.

No existen mercados mayoristas para la compra de los insumos (tales como machetes, limas, productos químicos, tractores) y estos insumos solo se consiguen a precios muy altos.2 Algunos insumos están disponibles en las tiendas de divisas — por ejemplo, los machetes — pero están fuera del alcance de muchos campesinos por sus precios elevados. Se suponía que las cooperativas tuvieran acceso a algunos insumos pero también han tenido dificultades para obtenerlos y los precios no son favorables. De acuerdo a un lineamiento de 2011, se debe crear una red de proveedores de insumos y las compras hechas con nuevas líneas de financiamiento pero poco progreso ha habido hasta ahora. Por último, los campesinos son unos de los perjudicados por el sistema cambiario vigente. Ellos tienen que comprar muchos de sus insumos en las tiendas de divisas y vender sus productos en pesos cubanos a ACOPIO o al público en general.

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Algunas de las recomendaciones de los panelistas abogan por continuar algunas de las políticas del gobierno, como las de mantener políticas fiscales y monetarias ajustadas, pero muchas otras, como las recomendaciones en el área cambiaria, en el sector externo, en el institucional-legal y en el sector agrícola implican cambios radicales en política económica. No son recomendaciones para simplemente actualizar o modernizar el comunismo cubano actual sino para sustituirlo por un sistema distinto.

Hernández-Catá recomienda que se mantenga el déficit fiscal bajo control y una política monetaria cautelosa. Pero también nota que en política fiscal hay que hacer mucho más que mantener el déficit bajo control. El enfatiza que el sistema impositivo es confiscatorio en muchos casos, ineficiente y limitante para la creación de empleo. Por motivos de eficiencia, la tributación de ganancias no debe sobrepasar ciertos límites so pena de fomentar la economía subterránea que no es conducente a llegar a producir con economías de escala o a la innovación porque el empresario operando en la clandestinidad no sabe si va recobrar su inversiones ya que pudiera ser cerrado por el gobierno súbitamente. El nivel de gasto gubernamental es insostenible y hace falta hacer una evaluación de las asignaciones de recursos y eliminación de programas ineficientes. Al mismo tiempo el estado tiene que jugar un papel muy importante en la reconstrucción del país sobretodo obteniendo financiamientos externos para la reconstrucción de infraestructura. Hay otros dos aspectos de política fiscal que el gobierno tiene que enfrentar en el futuro cercano: la creación de una red de apoyo social para personas de muy bajos ingresos, y la determinación de recursos para financiar los pasivos del sistema de seguridad social frente una creciente reducción de la fuerza laboral y un envejecimiento de la población.

Es urgente unificar el sistema cambiario cubano. La excusa dada por el gobierno — que hay que esperar que aumente la productividad antes de hacerlo — refleja, en realidad, un temor a desarmar el gran subsidio que representa el sistema cambiario para muchas empresas estatales. Esta es una razón más por la que el desempeño de estas empresas tiene que ser analizados a precios realistas para decidir cuáles de entre ellas deben de seguir operando. Con respecto del tipo de cambio, la gran mayoría de la población ya ha sufrido los efectos de una maxidevaluación cuando se ajustó el tipo de cambio a 25 pesos cubanos por dólar estadounidense al mismo tiempo que los artículos en la libreta de racionamiento a precios subsidiados fueron reducidos drásticamente. Es difícil vislumbrar que Cuba pudiera tener un tipo de cambio fijo en el futuro cercano, lo cual no parecería ser una condición adversa teniendo en cuenta las características de la economía cubana. Se deberían adoptar medidas para que el Banco Central empiece a subastar divisas y que las transacciones cambiarias reflejen las condiciones de mercado. La creación de un mercado de divisas será facilitada por la necesaria modernización del sistema bancario privado lo que, por lo demás, servirá también para crear canales dinámicos para que fluya el crédito.

Las recomendaciones de Luis de cómo mejorar la competitividad del sector externo, el crédito del país y la confianza de los inversionistas reflejan las mejores prácticas internacionales. Estas van en la dirección de liberalizar precios y salarios, abrir más oportunidades a inversionistas nacionales y extranjeros, crear un estado de derecho, y promover la transparencia en transacciones comerciales. Para mejorar la posición crediticia cubana, Luis reitera recomendaciones ya hechas en conferencias anteriores de ASCE tales como normalizar relaciones con instituciones financieras internacionales para obtener créditos y asistencia técnica y buscar apoyos para la renegociación de la deuda externa.

Sanguinetty recordó a los asistentes que las economías modernas de mercado operan bajo un sistema de legalidad donde se respetan los derechos a la propiedad privada. El discutió el desafío que han enfrentando países comunistas en su transición a economías de mercado, particularmente la aparición de oligarcas y la distribución de activos productivos de una manera poco equitativa como ocurrió en Rusia. Sanguinetty ve el peligro real que la transición en Cuba sea desorganizada y que no se evite la aparición de oligarcas. Entre las medidas que pudieran tomarse para atemperar estos riesgos están: emitir la legislación necesaria para eliminar las restricciones que existen para que ciudadanos cubanos ejerzan sus profesiones y abran negocios en cualquier sector, y la creación de corporaciones privadas que pudieran invertir en activos estatales. La existencia de un sector privado empresarial en mercados competitivos al inicio de una transición podría obstaculizar el surgimiento de oligarcas.

Gayoso en su presentación enfatizó la necesidad de dar un gran viraje en la política agrícola del país, pues es difícil vislumbrar una mejora del sector con el sistema estatal agrícola existente. Entre otros aspectos se debe dar más seguridad al campesino para operar su tierra, libertad para decidir sobre cultivos y para la venta de sus productos, y reducir la participación del estado en este sector.

Finalmente, se debe apuntar que la adopción de las recomendaciones propuestas en esta sesión implicaría cambios importante en la mentalidad de las autoridades cubanas. Tendrían que abandonar las prácticas arbitrarias y de cambios frecuentes a las que se le ha añadido un grado de viveza criolla con resultados desastrosos. No es posible, por ejemplo, liberalizar actividades económicas para restringirlas de nuevo cuando mejoran las condiciones externas; obtener créditos y no pagarlos y declarar esos créditos en mora unilateralmente; fomentar la inversión extranjera y años después encarcelar inversionistas extranjeros por largo tiempo sin ser acusados de delitos específicos. También sería necesario cambiar la mentalidad antagonística del gobierno con respecto a los Estados Unidos. El objetivo de la política exterior cubana debe de ser llegar a un acuerdo con los Estados Unidos para que éste deje de ser un obstáculo, y se convierta en un factor que ayude en la integración de la economía cubana a la mundial. Esto implicaría cambios económicos y políticos que redundarían en beneficios para la población cubana.

FOOTNOTES

1. El autor agradece a su colega y amigo, Humberto Arbulu Neira, por sus sugerencias editoriales.
2. En el verano de 2013 se abrió un mercado mayorista en las afueras de La Habana pero no existe mucha información sobre cómo va a operar (quienes son los vendedores) y si se van a vender insumos para el sector agrícola.