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Primero que nada me quiero unir a los elogios de mis colegas de ASCE, Rolando Castañeda, Carmelo Mesa-Lago y Jorge Sanguinetty al trabajo hecho por el grupo de economistas del Centro de Formación Cívica y Religiosa de la Diócesis de Pinar del Río y sus colegas de otras diócesis de Cuba. Constituye un verdadero esfuerzo de reflexión sobre que bases y principios se pudiera organizar la economía cubana en un futuro. Muchas de las reflexiones se basan en la doctrina social de la Iglesia, la cual yo también apoyo.
En estos comentarios en vez de tratar de cubrir de una manera más completa el documento—como lo han hecho Castañeda y Sanguinetty—me limito a hacer algunos comentarios sobre como aplicar en la práctica el objetivo general de los participantes en la reflexión económica para un proyecto económico éticamente aceptable. También identifico algunas recomendaciones del documento que me parece pudieran causar problemas para lograr los objetivos identificados.
OBJETIVO DEL “ITINERARIO” Y LA SITUACIÓN ECONÓMICA CUBANA
El objetivo central del documento es: “Articular una economía eficiente, solidaria, y subsidiaria que busque el bien común y el desarrollo humano integral y sostenido mediante la libre iniciativa de la persona humana y la justicia social con la participación de todos los miembros de la nación cubana y con la apertura a un mundo interdependiente y solidario.” El énfasis es en tratar de lograr una mejor asignación de recursos en la economía para aumentar su productividad y así lograr un aumento de ingreso per capita (eficiencia); donde la fraternidad humana se promueva (solidaridad); donde el estado no le quite la posibilidad al individuo de actuar para mejorar su situación económica (subsidiaridad); donde el objetivo de política económica sea mejorar la situación de la mayoría de la población (bien común); donde el concepto de desarrollo no solo incluya aspectos económicos sino tambien sociales, religiosos y culturales; y donde se respeten los derechos humanos. Es difícil que personas de buena voluntad y que tengan como objetivo mejorar el bienestar de los cubanos no apoyen estos objetivos. El desafío es como lograrlos partiendo de la situación de Cuba actual.
Cuba es un país pobre donde las necesidades básicas de sus ciudadanos no son satisfechas y donde la infraestructura está en estado lastimoso después de décadas de descuido. Por lo tanto es imperante tomar medidas para afrontar lo mas rápido posible las necesidades del pueblo cubano. Las medidas deben de estar enfocadas a usar mejor los escasos recursos existentes, especialmente los humanos. La forma de lograr una economía mas eficiente, donde se promueva el bien común y se respeten los principios de solidaridad y de subsidiaridad es adoptando una economía de mercado en Cuba. La experiencia internacional muestra que las economías de mercado son más eficientes que las economías donde el control del estado predomina en las actividades económicas. Las experiencias de transición en países que formaron parte de la Unión Soviética también demuestran que los países que toman medidas mas rápidamente para transformar sus economías centralizadas en economías de mercado llegan mucho mas rápido a condiciones de crecimientos sostenible en el mediano plazo (después de una caída de la producción en el corto plazo).
En una economía de mercado se permitiría a cubanos con espíritu empresarial crear empresas, dar trabajos a cuantos trabajadores pudieran contratar dadas las condiciones de sus firmas, y a innovar. Habría que privatizar las empresas estatales y sacar al gobierno de actividades productivas tomando en cuenta la alta ineficiencia que estas empresas han demostrado en Cuba. En el campo agrícola se tendría que permitir el renacer de la actividad privada y de los mercados agrícolas de una manera más completa de la que existe actualmente para resolver el problema grave cubano de la comida, donde ciudadanos emplean gran parte de su tiempo buscando los productos alimenticios del día o de la semana. Se trabajaría sobre las bases tributarias existentes para crear un sistema impositivo que genere recursos para financiar las actividades propias de un Estado moderno.
El documento en su sección de objetivos específicos para el modelo económico propone “que se asegure un marco legal donde se respete la autonomía del mercado, el papel regulador del Estado y el protagonismo de la sociedad civil para que puedan controlarse mutuamente y favorecer el aporte que dan desde su propia identidad y competencia, al desarrollo económico según el principio de subsidiaridad.” En la medida que se entienda “respetar la autonomía del mercado” como permitir la libre actividad empresarial en Cuba, el documento estaría en línea con lo propuesto en el párrafo anterior. Ahora esto implicaría un cambio radical en el sistema económico cubano.
Vale la pena enfrentar una duda que puede surgir a la luz de la doctrina social de la Iglesia al contemplar la transición a una economía de mercado: ¿Se está cumpliendo con los principios de solidaridad y de justicia social si al adoptar una economía de mercado hay algunas personas cuyos ingresos aumentan mucho más rápidamente que los de la mayoría de los ciudadanos? La duda pudiera surgir que hay que buscar un modelo “innovador” donde el estado trate de mantener una igualdad de ingresos mayor limitando la actuación del mercado y tomando una participación más activa en la economía del que toman en las economías de mercado actuales.
Es cierto que la desigualdad económica es muy alta en países latinoamericanos con economía de mercado, que ha aumentado en las economías de transición al moverse ellas a economías de mercado, y que también ha aumentado en las economías asiáticas que han experimentado altas tasas de crecimiento económico en los últimos 10 años después de la crisis asiática de fines de la década de los 90s. La revista The Economist en su edición de Agosto 11, 2007, cita un estudio del Banco Asiático de Desarrollo que apunta, por ejemplo, al aumento de la desigualdad de ingresos en la China (el coeficiente de Gini aumentó de 0.41 en 1993 a 0.47 en 20042—el coeficiente Gini es cero cuando hay igualdad perfecta de ingresos y cuando es 1, quiere decir que un hogar recibe todo el ingreso). Pero esta duda es un poco cruel dado la situación de Cuba, donde hay una gran igualdad a niveles de ingresos extremadamente bajos para la gran mayoría de la población y donde un número muy limitado de la nomenclatura disfruta de niveles de ingreso más altos y de acceso privilegiado a recursos y servicios especiales que les permite vivir mejor. Las economias de mercado también han demostrado que pueden reducir significativamente los niveles de pobreza. En los últimos años las remesas de familiares en el exterior también han logrado mejorar el nivel de vida de sus familias en Cuba, pero esto ha creados dos grupos sociales bien diferentes: los que reciben remesas y los que no tienen acceso a ellas.
DESAFÍOS DE IMPLEMENTACIÓN
Me parece que es claro que la doctrina social de la iglesia apunta que el objetivo principal de los esfuerzos de política económica en Cuba deben ser reducir la pobreza. Esto no quiere decir que no habría que tomar medidas para tratar de asegurar igualdad de oportunidades para todos o de evitar condiciones monopolísticas que resulten en detrimento a los consumidores y el beneficio de unos cuantos, como apunta el documento de reflexión. Es importante que la estrategia económica le de la importancia debida a dar servicios de educación, salud y de protección social a los pobres (como enfatiza Mesa-Lago) y que se tomen medidas microeconómicas para abrir oportunidades para ellos (e.g., micro crédito). La justicia social también exige que aquellos que tienen mayores ingresos paguen más impuestos, pero no en un grado expropriatorio porque esto reduciría la inversión y el crecimiento en una economía integrada al resto del mundo.
El papel del estado es crucial para el desarrollo económico en cualquier país. Al abogarse por una transición a una economía de mercado no se esta hablando de una eliminación de las actividades básicas estatales. El gobierno tiene que garantizar el derecho a la propiedad; garantizar un estado de derecho donde haya mecanismos adecuados legales para resolver disputas; y proveer servicios públicos básicos de educación, salud, agua y electricidad, protección del medio ambiente, seguridad interna, defensa y relaciones exteriores. Esto sin violar el principio de subsidiaridad que permite al individuo o a un conjunto de ellos tomar iniciativas en algunos campos (e.g., salud, educación, electricidad, etc.) El gobierno también tiene un papel regulatorio que jugar como apunta el documento de reflexión. Por ejemplo, se tienen que crear normas en el área de contabilidad, en el sistema financiero, medio ambiente, protección de la salud, por nombrar unas.
Pero me parece que el documento identifica áreas para acciones gubernamentales que podrían ir en contra de crear una economía eficiente y de reducir la pobreza. Por ejemplo, se menciona la posibilidad de propiedad estatal en el modelo que se propone y se reconoce al Estado la posibilidad y el derecho de ejercer funciones de promoción y gerencia de los procesos económicos, respetando el principio de subsidiaridad. En muchos países el estado tiene propiedad de compañías que proveen servicios públicos como los eléctricos o de compañías de “recursos estratégicos” como las petroleras. Ahora bien, muchas veces los gobiernos mal usan recursos de empresas estratégicas o utilizan recursos para financiar algunos sectores de la nación (el militar) que no tienen nada que ver con el negocio de las empresas. La experiencia internacional en la promoción de actividades económicas es bastante deficiente. En la América Latina por muchos años se promovieron industrias infantes que crearon grandes ineficiencias y que acabaron con limitar la competitividad de las economías y el crecimiento económico. En Cuba se partiría de una situación donde la propiedad estatal es la predominante y no queda claro que tiene en mente el documento dado la pobre experiencia que ha habido en Cuba con ella. En el caso de Cuba dado la falta de recursos, parecería que habría que abrir a la inversión privada los servicios públicos y privatizar las compañías estatales en el área manufacturera y de servicios. Por lo tanto parecería que habría que abogar por reducir significativamente la participación estatal en el área económica.
En el mercado laboral, el documento también menciona la creación de una ley que establezca la implantación de salarios y tarifas horarias salariales mínimas para cada una de las actividades de los distintos sectores de la economía. Esto sugiere un grado excesivo de intervención del estado que puede causar enormes distorsiones. La doctrina social de la Iglesia aboga por un salario justo para que el trabajador pueda mantener dignamente su familia. Difícilmente se puede lograr imponer un salario justo por legislación. Este tipo de legislación lo más probable es que genere el desarrollo de una economía subterránea donde la ley no se cumple. En la práctica, salarios adecuados (justos) solo se logran educando la población y respetando los derechos básicos laborales (derechos a crear sindicatos e ir a la huelga). Entre economistas hay desacuerdos de cuan efectivos son los salarios mínimos para promover salarios adecuados. En algunos países se ha establecido con algún éxito un salario mínimo para toda la economía como un instrumento para atacar la pobreza. Por ejemplo, en Brasil los aumentos moderados del salario mínimo han sido efectivos en reducir la pobreza.
Otra recomendación del documento es la de promover la participación de los trabajadores en al toma de decisiones y en los dividendos de las empresas. La participación de los trabajadores en los dividendos de las empresas se lleva a cabo de muchas maneras en el mundo capitalista. En algunas compañías se distribuyen acciones a los empleados que pueden resultar en dividendos provenientes de las futuras ganancias o en un aumento de su riqueza al subir los precios de las acciones. La participación en la toma de decisiones por los trabajadores es menos común y esta propuesta pudiera ser contraproducente para atraer inversionistas. Fue tratada en la antigua Yugoslavia y en Perú en la década de los 1950s y fue eventualmente abandonada.
FOOTNOTES
1. Las opiniones expresadas son del autor y no deben de ser atribuidas al Fondo Monetario Internacional, a sus Directores Ejecutivos, o a la gerencia del Fondo Monetario Internacional.
2. El coeficiente de Gini en Estados Unidos, donde también ha aumentado la desigualdad en los últimos años, es 0.46, según The Economist.
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