El viejo sistema se ha desintegrado, el nuevo aún no está construido y nuestra vida colectiva esta marcada por una incertidumbre subconsciente acerca de que tipo de sistema queremos, como construirlo y si tenemos los conocimientos para construirlo en primer lugar. (Vaclav Havel, New York Review of Books, 7 de marzo de 1991.)
En el futuro, Cuba enfrentará una incertidumbre similar a la citada. Aceptemos que a cortas o a largas, sea o no peligroso o imprudente (según el criterio de algunos) desembocamos en una Convención Constituyente con plenos poderes para reformar la Constitución del 40 o dictar una nueva. Es aquí donde viene a cuento la pregunta que encabeza este ensayo y que a nuestro entender se perfila como el problema constitucional del Siglo XXI. ¿El Hombre para el Estado o el Estado para el Hombre?
En el caso cubano, después de más de cuarenta años de marxismo tiránico, parecería que la respuesta está dada. Entregarse de lleno al estado que promete renovarnos y crear el “hombre nuevo” es suicidio. El “hombre nuevo” cuando asciende al poder y hace del estado un dios al que hay que servir se parece demasiado a lo peor del “hombre viejo.” Actúa como si no existieran cortapisas legales y morales, y atropella y abusa sin pudor, aunque es ducho en aducir consignas supuestamente justificativas de su conducta injusta.
El clamor por el respeto a los derechos humanos no es sino el clamor por el respeto a la ley natural, a los derechos que tiene la persona por ser persona, derechos con los que nace y que no son producto de concesión graciosa por la autoridad. Una clasificación útil es la de Carl Schmitt que divide estos derechos como sigue:
• (a) Derechos de libertad del individuo aislado tales como la libertad de conciencia, la propiedad privada, libertad de empresa, la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y la libertad personal, tales como escoger domicilio, viajar sin permisos, etc.
• (b) Derechos de libertad del individuo en relación a establecer relaciones y comunicarse con otros, tales como la libertad de expresión, de prensa, de publicación sin censura previa, de manifestación, de reunión pacífica, etc
• (c) Derechos políticos pertenecientes al ciudadano o sea igualdad ante la ley, derecho a un sufragio en igualdad de condiciones, acceso a cargos públicos electivos o por nombramiento o elección, derecho de peticionar a las autoridades, etc.
• (d) Derechos a prestaciones sociales dadas por el Estado como el derecho a la educación, al trabajo, a una pensión de jubilación, al cuidado médico.
Las garantías de los puntos (a), (b) y (c) han tenido amplio desarrollo en nuestras constituciones. Plasmarlos en una nueva constitución no será difícil porque hay buenos modelos y antecedentes. Son derechos clásicos. El problema siempre es la praxis, el cómo se implementan los derechos. En términos de implementación el problema mayor surge con los derechos expuestos en (d). Sin trabajo, educación o atención médica no se puede ser ciudadano digno ni gozar de las garantías que se declaran en los derechos individuales. La dificultad estriba en lo siguiente: cuando se pide al Estado que garantice prestaciones esenciales entramos en un contrapunto difícil entre la libertad y las garantías esenciales a una vida digna. La libertad individual será el resultado del manejo adecuado de esta difícil disyuntiva: como atender al ciudadano y mantener al estado dentro de límites aceptables de modo que no asfixie al individuo y a la familia y con ello la libertad.
El pueblo cubano, como todos los que surgen de la pesadilla socialista, está acostumbrado a que le “den,” aunque sea poco, malo e imprevisible. Es el sistema, y con frecuencia las personas sumidas en él no captan claramente (porque la angustia de vivir no permite meditar a fondo) la relación entre libertad y concentración del poder a través de los monopolios estatales. Este tema se ha analizado política y demagógicamente en todas partes y sistemas. Hay ideología estatista fanática y también hay exageraciones en la reacción a ese fanatismo que seguramente van a salir a relucir cuando se discuta si el sistema a seguir deberá contener gran injerencia estatal. Le pediríamos al lector cubano que ha tenido que vivir bajo el sistema, que examine cuatro temas de sentido común que cualquier observador puede constatar en su vida diaria: costos, proliferación de servicios, burocracia administrativa y control político de la burocracia.
Los costos se administran bien cuando a alguien le duele el centavo. Tienen su sistema de auto-control en la competencia. Hay que gastar lo necesario para crear un buen producto. El proveedor de bienes o servicios tacaño fracasa en la empresa privada porque acaba proveyendo productos inferiores. El ahorro en costos que degenera en codicia tiene su límite natural. Pero el estado es impersonal. Con tal de que cumpla el reglamento el burócrata se sabe seguro, y su trabajo no es mejorar el reglamento sino cumplirlo. Cómo pudiera hacer mejor y más barato el servicio es tema que no puede decidir por sí sólo y cambiar las cosas en la administración pública usualmente conlleva gran esfuerzo y riesgo personal. Pocos se atreven a enfrentar el problema. Por eso los servicios estatales tienden a ser costosos y poco eficientes. La prestación de servicios requiere administración, y así la burocracia prolifera y crea nuevos puestos por una razón también muy humana. Todos quieren progresar y en la burocracia se progresa añadiendo asistentes.
Para el político cada nuevo puesto estatal es un voto muy influenciable con lo cual se cierra el círculo del poder. Las elecciones se ganan prometiendo. ¿Y qué mejor promesa que prometer servicios “gratis” o a bajo costo que además crean empleo para sus votantes? Una vez que existen prestaciones estatales importantes surgen otras. Con las prestaciones vienen los impuestos que paga el pueblo puesto que el estado en sí no produce nada. El ciudadano descubre que nada es “gratis” y que cuando se llega a un exceso impositivo la libertad se convierte en tiranía disfrazada. La Constitución del 40 tuvo un gran acierto en este tema al intentar un sistema de presupuesto equilibrado por disposición constitucional. No permitía suprimir ingresos sin una igual supresión de gastos, ni incluir servicios cuyo costo no estuviese establecido en el presupuesto y contase con un ingreso definido.1
El abuso descrito es producto de la concentración del poder económico y político. Llega a su máxima cota en una tiranía socialista. Todos los sistemas políticos son más o menos miméticos y cambian cuando es preciso. Cuando el sistema socialista se vea forzado a “democratizarse” cambiará los métodos pero no los objetivos de concentración del poder. Con facilidad podremos caer en una tiranía de facto con una cara bondadosa: “el estado niñera.” Para el pueblo de Cuba el estado niñera tiene credenciales. Ha creado hábitos muy peligrosos si se aspira a lograr una sociedad libre. Es el mencionado: ¿Qué me dan? En política, el que da, cobra, y cobra en poder.
Como contrapunto del estado niñera está la teoría del mercado llevada a su máxima expresión. Según ella el estado debe ser sólo un árbitro porque supuestamente el mercado eventualmente resuelve todos los problemas y distorsiones. Los marxistas y socialistas llaman a dichas ideas neoliberalismo y lo presentan con características truculentas que no existen sino en teoría libresca. Una cosa es la teoría y otra la práctica de gobierno que no acepta costos sociales muy altos si eso es lo que produce la espera. El estado liberal bien organizado acepta sus límites y conoce los de sus gobernados. Sabe que los hombres no son ángeles y que debe vigilar ciertas actividades humanas. Y lo hace. La regulación de los mercados de valores, de los monopolios, de los conflictos laborales, son ejemplos clásicos. La intervención estatal para resolver una crisis y/o castigar a los que han delinquido es común. Es simple teoría de gobierno y el mentado neoliberalismo puro no existe en la práctica.
Los ideólogos económicos, que se dicen liberales puros y protestan contra toda acción estatal, a menudo confunden la teoría económica con la teoría de gobierno. Y lo mismo les ocurre a los ideólogos socialistas pero a la inversa. Los estatistas sistemáticos confunden su particular teoría de gobierno con el buen manejo económico.
La nueva república cubana tendrá que enfrentar una disyuntiva: o sigue arrastrando mas o menos explícitamente la cadena de la mentalidad y los lemas del socialismo o enfrenta lo que era falso y toma un rumbo nuevo. Como se resuelva la disyuntiva definirá el futuro. Más de cuarenta años de consignas y falsedades han creado una gran confusión, contradicciones internas y pésimos hábitos. El pueblo cubano quiere justicia política, económica y social, pero requiere un cambio en su manera de pensar y actuar que tendrá que ser efectivo y no meramente retórico.
No hay que caer en “ismos inútiles” para dictar una buena constitución. Una buena constitución hace esto: divide y regula el poder para lograr un equilibrio entre los órganos de gobierno a los cuales concede funciones específicas propias de su competencia. Redactar un documento es relativamente fácil. Crear un sistema que funcione no lo es. La sociedad cubana, al considerar y discutir un nuevo proyecto de república, debe plantearse ciertas cuestiones básicas que son la semilla de la libertad actual y futura. En este coloquio intentaremos plantear algunas:
• ¿Tenemos o no suficiente madurez como nación para crear un instrumento constitucional coherente y útil?
• ¿Entiende el pueblo de Cuba porque han fracasado nuestros dos anteriores proyectos de república?
• ¿Entiende como llegar a la libertad sin caer en una transición carente de garantías?
• ¿Entiende que este intento es vital para que Cuba por fin cuaje como un país respetado por su justicia y dinamismo?
• ¿Conoce los costos y donde radican los peligros?
• ¿Entiende que es necesario dividir el poder para garantizar la libertad?
• ¿Entiende cómo protegerse de crear un sistema político inoperante? ¿Capta que es indispensable crear controles institucionales muy fuertes y apoyarlos?
CONTESTANDO LAS PREGUNTAS
¿Tenemos o no suficiente madurez como nación para crear un instrumento constitucional coherente y útil? Es hasta cierto punto una pregunta retórica porque con madurez o sin ella tendremos que bailar en este baile. Sería razonable decir que de inmediato no tendríamos la madurez necesaria porque habríamos surgido de una catástrofe y adaptarse a la normalidad requiere cierto tiempo. Pero tampoco la teníamos al acabarse la Guerra de Independencia con el agravante de que existía un alto índice de analfabetismo. Sin embargo la Constitución de 1901 fue un buen documento. Y la Constitución del 40, dictada después de una década de desórdenes, con multitud de partidos y tendencias disputándose los escaños para ir a la constituyente, fue un buen compromiso.
No debemos ser extremadamente pesimistas porque personas con capacidad de hacer un buen documento las hubo y las habrá. El problema consiste en como llegan esas personas a la constituyente. La respuesta está en la libertad de expresión y en el uso de los medios de comunicación social para informar, educar y ganar adhesiones a ideas concretas. En 1901 los electores sólo tenían periódicos pero muchos constituyentes eran libertadores bien conocidos. En el 40 había partidos políticos y medios de comunicación masiva. En el siglo XXI hay muchos más medios, pero existe gran desinformación, confusión, trauma y ansiedad.
Por ello hay que exigir al gobierno interino que estructure de inmediato un sistema de información veraz al ciudadano, abra los medios de comunicación social, y permita el discurso político sobre la esencia de la libertad. Hay que informar verazmente. No será fácil pues quien controla los medios controla el acceso a ellos. Pero podrá remediarse si se abre el sistema a la compra de estaciones de radio por personas o entidades no gubernamentales y si se permite la publicación sin restricciones de material impreso. En cuanto a la TV, la venta a grupos privados también debe estudiarse.
Pero en todos los casos, bien que el radio y la TV sean estatales o privadas, será necesario estudiar como se maneja el acceso a las diversas opiniones de modo que ninguna corriente importante de pensamiento no totalitario quede excluida. Tanto la TV como el radio en la Cuba post Castro deben tener inicialmente algunas de las características y obligaciones de un servicio público, cualesquiera sean sus dueños, por lo menos hasta que se estabilice el país y se formen corrientes de opinión independientes. Esto implica separar una cantidad de tiempo gratuito para el discurso político abierto a los partidos y no simplemente venderle tiempo a quien pueda pagarlo.
¿Entiende el pueblo de Cuba porque han fracasado nuestros dos anteriores proyectos de república? ¿Entiende que este intento es vital para que Cuba por fin cuaje como un país respetado por su justicia y dinamismo? Estas dos preguntas son el anverso y el reverso de la cuestión. En cuanto a si entendemos las causas de nuestro fracaso republicano me temo que solo ahora estamos empezando a meditar seriamente sobre ello. Hasta hace poco teníamos una actitud nostálgica sobre nuestro pasado. Cosa natural, pues en buena parte era una reacción a la desinformación castrista, que arremetió contra todo lo que existió antes de 1959 como si no valiese nada. Y eso no es cierto, pero tampoco lo es idealizar la historia. La realidad es que las primeras décadas de la República tuvieron sus altos y bajos pero esencialmente se intentó respetar la legalidad constitucional. No obstante, desde la prórroga de poderes de Machado (en el 1928) Cuba vivió un republicanismo constitucional de carácter irregular de 1928 a 1940 y un republicanismo normal pero deficiente del 1940 al 1952.
En este período del 28 al 52, hubo enmiendas constitucionales de dudosa legalidad, en particular la propuesta por Machado y aprobada por un congreso servil, constituciones dadas por decreto en el período post Machado y un principio de vuelta al republicanismo durante el período que siguió a la promulgación de la Constitución del 40. Sin embargo el republicanismo sufrió porque el pueblo confundió el sistema con los políticos, como inevitablemente sucede cuando buena parte de los que tienen el poder no se conducen como corresponde a sus cargos.
Nuestro republicanismo llegó escuálido y raquítico al golpe de estado de 1952 y no por falta de talento y gente de valer, pues al fin y al cabo la Constitución del 40 fue prueba de capacidad; sino porque caímos de nuevo en la manía revolucionaria que siempre nos ha consumido en mayor o menor grado.
Después de Machado la “revolución,” como método de gobierno, cobró inusitada valía. El partido auténtico se llamaba Partido Revolucionario Cubano (A), los ortodoxos de Chibás se llamaban así porque alegaban tener la verdadera ortodoxia revolucionaria. Alrededor de esta doctrina y al margen de los partidos pululaban grupos con nombres truculentos que tenían más características de pandilla que de agrupación política. Castro surgió de dicho ambiente.
Carecíamos además de un número importante de asociaciones civiles no partidistas que propugnasen incansablemente el método institucional contra el revolucionario. Así las cosas, la pasividad ante el 10 de marzo no fue de extrañar. Se ha dicho que se debió al cansancio y a la propaganda devastadora de Chibás contra los auténticos y todo ello es cierto; pero lo que no se ha resaltado es que Batista hizo lo que muchos cubanos hubieran querido hacer: dar la “cañona” para ponerse él. Fue una validación cuartelera del “método revolucionario.”
Y por estar harto de oírlo el pueblo concluyó que el que toma el poder en la forma que sea, manda. No sólo el pueblo, nuestro flamante Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales aceptó la fuerza como fuente de Derecho Constitucional y desestimó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley constitucional decretada por Batista (otra vez constituciones por decreto) que era sólo una copia de la Constitución del 40 adaptada a la conveniencia del régimen. Y ese Tribunal constaba de magistrados nombrados por gobiernos auténticos, pero prefirieron mantenerse en el cargo a mantener la institucionalidad, aunque una minoría digna votó en contra.
El pueblo sólo tenía una idea vaga de la magnitud institucional del problema pero la intuía y la resentía. Castro, buen psicólogo, usó el sentimiento y basó su programa en el restablecimiento de la constitución y la normalidad para casi de inmediato declarar en 1959: “¿Elecciones para qué?” Y el pueblo se lo aceptó porque el modelo revolucionario era el que calaba y no el modelo institucional. Es cierto que Castro engañó pero éramos propensos al engaño y nos gustaba el invento.
El resultado lo conocemos, más de 40 años de horrible dictadura, destrucción de buena parte de la nacionalidad, confusión tremenda, materialismo de vivir solo el presente, desconfianza en el futuro, producto inevitable de tantas promesas incumplidas, y mentalidad de “resolver hoy” a como de lugar y mañana veremos.
El esfuerzo para superar esta situación será enorme pero hay que hacerlo porque ahí está la respuesta a la segunda pregunta.
¿Entiende el pueblo que este intento es vital para que Cuba por fin cuaje como un país respetado por su justicia y dinamismo? Si no lo hacemos ahora y lo hacemos bien Cuba será, tal vez por una generación entera, un país con una pobre identidad que dará tumbos hasta asentarse y cómo y en qué se asentará nadie lo sabe. Hacer las cosas bien significa crear un marco institucional serio y realista. Serio, porque debe haber compromiso ciudadano para que se cumpla, pues en eso consiste el patriotismo y no en los discursos. Realista porque hay que crear un marco institucional que garantice la libertad permanentemente, y funcione en el siglo XXI. Y por el contrario no uno que satisfaga las preferencias ideológicas de los constituyentes que enfrentarán una enorme responsabilidad.
¿Entiende el pueblo cubano como llegar a la libertad sin caer en una transición lenta y carente de garantías? Un fallo en esta etapa viciaría todo el proceso de volver al estado de derecho. No se puede aceptar un sistema que cree una “democracia formal y retórica” con poco contenido sustancial de garantías ciudadanas, ni tampoco pretender una perfección tal que haga la celebración de elecciones un evento para las calendas griegas. Hay varios remedios:
• Para empezar, derogar la “intocable” constitución castrista que es la base legal de la tiranía. Dejar de hacerlo es aceptar que el yugo es modificable. Jurídicamente no tiene remedio, es una monstruosidad como hemos demostrado en otras ocasiones.2 Ello no significa cambiar de inmediato la organización administrativa, adefesio con el que hay que bregar, pues en realidad está plasmada en innumerables leyes y regulaciones que habrá que examinar para derogarlas y/o modificarlas con sentido común. Temporalmente podría gobernar un presidente provisional con un consejo de ministros que necesariamente tendrá facultades legislativas. Pero sujeto a la supervisión del Tribunal de Garantías citado en un punto que sigue, a fin de controlar el poder e ir creando los hábitos correspondientes a un estado de derecho.
• Como medida temporal el gobierno debe dictar de inmediato una ley de garantías ciudadanas que bien pudiera recoger el contenido del título IV (Arts. 24 al 40) de la Constitución del 40. Contiene todo lo inmediatamente necesario y está redactado.
• Dado el supuesto anterior, la creación de un Tribunal de Garantías (aunque fuese sólo un adelanto provisional a un tribunal nombrado con los requisitos usuales) que amparase el ejercicio de esas libertades sería una necesidad. El tema presenta muchas aristas judiciales de difícil solución que no procede estudiar aquí, pero como medio de ir acostumbrando al pueblo al imperio de la ley es idóneo.3
• Depuración de los Tribunales de Justicia y creación de programas de entrenamiento para nuevos jueces. Creación de una Corte de Apelaciones o Audiencia que provisionalmente revise la actuación de los jueces que queden en funciones durante la transición. Se trata de un tema muy extenso que hemos comenzado a tratar por separado.4
• Dictar una ley de lustración o inhabilitación que abarque los colaboradores de importancia del régimen en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial según se defina.
• Entrar en la democracia por etapas bien definidas a fin de “entrenar al pueblo.” El pueblo cubano cuenta con más de cuarenta años no sólo de inactividad cívico/política sino, lo que es peor, de actividad política desnaturalizada.
El gobierno de transición podría marcarse hitos, con fechas a cumplir, para organizar el sistema electoral y los partidos, y convocar a elecciones municipales como primera providencia. Esto pudiera hacerse sin tener que resolver de antemano el tema constitucional. El municipio fue nuestra primera institución importante y tenemos una excelente tradición plasmada en la antigua Ley Orgánica de los Municipios que puede adaptarse al momento. El comenzar de abajo hacia arriba tiene sus ventajas. En las comunidades más pequeñas se sabe quien es quien y es menos fácil hacer demagogia o intimidar. La creación de alcaldías independientes, con presupuesto propio y capacidad impositiva, conllevaría la necesidad de crear instituciones de inspección y control como el antiguo Tribunal de Cuentas. Esto es factible y sería otro paso hacia la restauración institucional por etapas.
Durante la primera intervención americana se efectuó primero la elección municipal que tuvo lugar el 16 de junio de 1900 y el primero de julio tomaron posesión de sus cargos los Ayuntamientos electos. El 15 de septiembre de 1900 se realizaron las elecciones para la Constituyente. Para ambas elecciones se dictó una Ley Electoral que concedía el voto solamente a los mayores de 21 años que supieran leer y escribir o tuviesen un capital de $250.00, excepto si habían sido miembros del ejército libertador lo cual eximía de cualquier requisito. Esos requisitos, y en particular el de activos mínimos, suenan fuera de lugar hoy en día pero eran otros tiempos y lo que se buscaba era que los analfabetos o desposeídos no pudieran ser explotados por los demagogos fáciles de palabra que prometen todo. Saltando un siglo adelante, tenemos hoy un problema similar pero con causas diferentes. En definitiva, la calidad de la transición y las garantías de que el proceso llegue a buen término depende de las personas electas.
¿Tienen el mismo derecho a votar y a aspirar a cargos públicos los “apparatchiks” del gobierno, los miembros de la seguridad y sus secuaces que los ciudadanos que los han sufrido por más de 40 años? ¿Es práctico y justo inhabilitarlos para el ejercicio del voto y para ocupar cargos públicos visto el cargo que ocupaban? Es lógico suponer que en algún momento resuene el grito solapado: “apparatchiks del mundo uníos” y que busquen militar en algún partido. La historia de Rusia y Europa Oriental indica que así ha ocurrido. Después de cierta edad las personas no quieren admitir que se equivocaron y Cuba no será diferente. Ese sector sería el que vote por el partido de los apparatchiks o quien encarne su punto de vista bajo otro nombre pues la hidra no quedará descabezada sino con trabajo.
Aunque surjan otros partidos o candidatos el inhabilitar civilmente a ciertos personas es deseable. Los países no se regeneran sin ejemplos morales. Inhabilitar no debe ser visto como una venganza contra un grupo sino como un ejemplo moral. Cuba necesita paradigmas de conducta diferentes a los que han regido por cuatro décadas.
Todos los países de Europa oriental han enfrentado este problema. Todos han dictado las llamadas leyes de “lustración,” término que etimológicamente significa purificar. Un buen ejemplo es la ley checa #451 del 4 de octubre de 1991 que define los requisitos para ocupar cargos electivos por simple nombramiento o por nombramiento con aprobación por otro cuerpo del estado. Es amplia en cuanto incluye no sólo altos cargos administrativos en los ministerios sino también en empresas paraestatales, los medios de comunicación, las oficinas de apoyo al parlamento, a las academias de ciencia, y a los tribunales.
Las personas que aspiren a esos cargos no deberán haber sido oficiales de la seguridad del estado, informantes o colaboradores conscientes de la misma, o miembros con cargo importante del partido comunista. En cuanto a los servicios de seguridad inhabilita para ocupar cargos a aquéllos que figuraban con cargos de oficiales, estudiantes en las academias del servicio o colaborador o informante registrado. La ley estableció un procedimiento para verificar las circunstancias. Pensamos que el objetivo de Havel era el señalamiento social de una mala conducta, continuada e hipócrita, en las altas esferas. La medida tiene que ser bien pensada pues no se trata de marcar con la misma brocha a todas las personas. Habrá que valorar las actuaciones personales cuando proceda. Para el pueblo resultará relativamente fácil saber quienes eran los “tracatanes” del régimen y sus “cachanchanes,” términos criollos que para el pueblo serán mejor definición que la que plasme la ley. Y el pueblo será el que reclamará y el que determine quienes se han bañado en el Jordán por su oposición al régimen.. Los de pacotilla no merece la pena inhabilitarlos para ejercer el voto. No queremos cacerías de brujas, ni certificados de “limpieza mental.” Eso lo hicieron ellos. Cada cual que piense lo que quiera y lo exprese, pero organizarse para imponernos de nuevo por la fuerza su pensamiento es harina de otro costal.
¿Cómo se trata el tema partidos desde un punto de vista constitucional? ¿Se deben permitir partidos que tengan objetivos totalitarios? Una fuente que contiene valiosos antecedentes es el proceso constitucional alemán de la post guerra. Es útil para el caso cubano porque se trata de un régimen mucho más unipersonal que ideológico, como fue el de Hitler, aunque ambos tuvieran que crear una ideología con fantasmas y enemigos externos e internos para manipular a las masas. Es una verdad evidente que una sociedad que surge de una larga tiranía dedicada a la propaganda y a la agitación constante, deba tener derecho a regenerarse y vivir en paz sin que se vea constantemente asediada por agitadores organizados políticamente bajo diversos disfraces. Como hacerlo sin menoscabar la libertad personal es un problema a resolver pero una formulación útil es la de la constitución alemana que enfrentada con el mismo problema, lo resolvió así (mi subrayado):
Art. 21.2. Son inconstitucionales los partidos que por sus fines o la conducta de sus seguidores se propongan menoscabar o destruir el orden fundamental libre y democrático y poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania. Corresponde al Tribunal Constitucional declarar dicha inconstitucionalidad.
Este precepto mejora el contenido del Art. 37 de la Constitución del 40 que enfrentada a la doble amenaza del fascismo y el comunismo también consideró el problema al expresar: “Es ilícita la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen del gobierno representativo democrático de la República, o que atenten contra la plenitud de la soberanía nacional.”
Lo mejora porque se entra a considerar los fines o la conducta de los afiliados al partido y refiere la resolución del asunto al Tribunal Constitucional con lo cual convierte el problema en tema de relevancia fundamental para la sociedad en vez de lo que pudiera ser considerado como asunto meramente partidista. De esta forma se va al fondo sin entrar a perseguir al individuo por sus ideas, pues puede tener todas las ideas totalitarias que quiera y aun expresarlas por todos los medios (para eso está la libertad de expresión personal) pero organizarse políticamente para imponerlas es un evento al que una sociedad como la alemana pone coto porque el precedente fue funesto.
¿Conoce nuestro pueblo los costos de un estado democrático y donde radican los peligros? ¿Entiende que es necesario dividir el poder para garantizar la libertad? Ambas preguntas van entrelazadas porque la democracia es cara en materia de paciencia y de tolerar puntos de vista y actitudes irritantes. Ello no es lo mismo que tolerar la subversión consciente y sistematizada para imponer el totalitarismo. Ejemplo: Supongamos que una esquina del parque central en La Habana se habilita estilo Hyde Park en Londres para que los ciudadanos, desde una tribuna improvisada, digan lo que quieran. Y a diario un comunista histórico decide pararse en esa esquina y decirnos que un sólo partido, una sola opinión, un solo dueño de los medios de comunicación y producción es el sistema ideal. No hay duda de que para muchos será irritante pero hay que dejarlo hablar y el hablador tendrá que sufrir las respuestas y/o denuestos que reciba.
Es un costo de la democracia. Como también lo es la lentitud en adoptar decisiones y dictar leyes y políticas porque hay que oír a muchos. La democracia, como permite la libertad de actuación y expresión, es un sistema aparentemente “desordenado.” A menudo parece andar con la cabellera suelta y desgreñada. Requiere atención, virtud ciudadana y sobre todo vocación por parte de la población. No es automática, si no se cuida desaparece y por ello el costo social es alto. Requiere, por así decirlo, un capital social de compromiso y defensa de la libertad que hay que gastar y reponer constantemente.
Es un problema bien serio para un país que surge de una tiranía sin hábitos de protesta, y con hábitos de sumisión. Aprender a protestar en forma útil y democrática es una asignatura que los cubanos tendrán que aprender. Es usar el método institucional y no el revolucionario que criticamos.
Lo cual nos da pie para contestar la pregunta sobre la división del poder. El poder se divide para que haya libertad. El Padre Varela dejo un buen sumario de la cuestión cuando en sus Cartas a Elpidio nos decía:
Por más protestas que hagan los gobernantes, el placer de mandar es una miseria de la naturaleza humana de la que no pueden librarse. Fórmase pues un ídolo del Poder que como falsa deidad no recibe sino falsos honores y el que lo ejerce es el primer miserable a quien cautiva. Los buenos gobernantes son unos hombres justos que resisten y vencen una tentación muy poderosa y… son muy raros para desgracia del linaje humano. La generalidad de los mandarines si no son tiranos desean serlo… he aquí porque he dicho que la tiranía es el ídolo de casi todos los gobernantes.
Crear instituciones es, nada más y nada menos, que crear equilibrios y frenos al poder. Y esto en definitiva es lo que tiene que entender bien el pueblo de Cuba. Les podrán hablar de todos los “ismos” pero sólo hay dos métodos de gobierno: Los que concentran el poder y los que dividen el poder.
Los primeros inevitablemente acaban en tiranía pues la naturaleza humana no es capaz de vencer la tentación del poder. Los segundos, con sabiduría, aceptan esa condición humana y dividen las funciones en aras de la libertad. Es cierto, la división tiene sus costos. Se ha dicho muchas veces que en teoría un sistema de gobierno con un monarca absoluto brillante, justo, bueno, equitativo y humilde es mejor sistema que ninguno. Pero no ha existido dicha persona y si existiera tendría que buscar gente de igual condición a la suya para que fueran sus ministros, tarea de imposible cumplimiento. En nuestro caso ya probamos el sistema de “comandante ordene,” equivalente moderno del “sí mi amo” de los tiempos de la esclavitud.
No sería necesario remachar el punto si no fuera porque los sistemas modernos de comunicación y de manipulación psicológica son tremendamente sutiles y eficaces en esconder y disimular las peores intenciones; presentando siempre como justificación causas nobles o propuestas que parecen ser razonables pero que conducen a concentraciones de poder. Es por eso que comenzamos criticando el estado niñera. De niñera se llega a madrastra en cortas etapas.
El método es simple. Ofrecer servicios simplemente porque la persona existe. Tratarla como niño y no como adulto. Esto no tiene límites. A los críticos se les acusa de ser insensibles a las necesidades del prójimo. La realidad es la que primera necesidad del prójimo es llegar a ser lo que puede ser. Una sociedad próspera no mantiene a sus hijos en dependencia perpetua. Su función debe ser proveer oportunidades. Al que se esfuerce y al que sin culpa suya sufra una desgracia, ayudarlo. Eso es ser sociedad seria y lo otro es utilizar las emociones de las personas para perpetuarse en el poder.
El pueblo cubano ha sufrido esta propaganda por décadas. La revolución es la mamá y el papá de los cubanos y Castro es su encarnación viviente. Es producto de la psicología desquiciada del tirano que no contento consigo mismo buscar difundir e imponer sus ideas a otros. El padre Varela lo definió con su habitual genio:
¿No ves con cuánto empeño procura obtener sufragios? Pues no es otro su objeto sino encontrar probabilidad a sus ideas por su difusión. Reconoce su debilidad…. y para acallar las inquietudes que ella le causa, quiere convencerse a sí mismo que es un recelo infundado, pues no es probable que muchos entendimientos perciban del mismo modo sin que haya sólidas razones para esta unidad.
Hay una gran pobreza en el sistema castrista porque no conduce a nada que eleve al ser humano. Está basado en ser víctima desafiante y odiadora de todo y de todos los que no la complazcan y acepten la justicia absoluta de sus quejas y la virtud, también absoluta, de su actuación dañe a quien dañe. Está diseñado para difundir la psicosis de su creador y su ansia desmedida de poder. Estos lastres no deben pasar a una nueva república cubana, y a su documento constitutivo, disfrazadas de otra cosa. No pasarán si dividimos el poder y cobramos confianza en nuestra habilidad para regir nuestras vidas y producir, cosa que el cubano ha demostrado que es harto capaz de hacer en cuanto recibe la oportunidad.
¿Entiende cómo protegerse de crear un sistema político inoperante? ¿Capta que es indispensable crear controles institucionales muy fuertes y apoyarlos? Para protegernos debemos incorporar ciertos principios en un documento constitucional. Hay que meditar y no reaccionar. Varela nos dijo que debemos pensar con cabeza propia y ese es el principio básico. El pueblo cubano tiene que entrar en esa onda de pensamiento si quiere progresar con libertad. Nada más importante para volver a la normalidad que escoger bien. Saber lo que se quiere y por qué se quiere. Y quien lo propone. Si no lo hacemos no tenemos derecho a quejarnos.
A continuación una lista de temas esenciales para la construcción de la república que debe meditar el cubano votante, a fin de pensar con cabeza propia:
• El discurso político tiene que ser analizado serenamente y no sólo escuchado emotivamente. Y siempre analizado en función de libertad. Es el valor que perdimos por escuchar emotivamente y el que queremos recuperar sobre todo lo demás.
• Hay dos formas de gobiernos: los que concentran el poder y crean tiranías y los que lo dividen y crean sociedades libres. Toda reflexión debe basarse en ese simple principio.
• No es difícil desviar a la ciudadanía por otros derroteros. Basta proponer multitud de servicios a ser prestados por el estado (usualmente enunciados como derechos en la constitución) yno decir que significan carga de impuestos, burocracia y control político.
• Los principios constitucionales plasmados como derechos llegan a hacerse ley tarde o temprano. La sociedad debe ser disciplinada y exigir que lo que se propone tenga una fuente clara de pago pues de lo contrario se abre el camino a la demagogia. Si prometes debes decir cuanto cuesta y como vas a recaudar el costo.
• Los funcionarios que prestan los servicios tienen que ser remunerados adecuadamente, es decir a nivel de empresa privada, porque eso evita la corrupción. Pagar justamente nos da la medida de lo que podemos hacer y cuales son nuestros límites como sociedad.
• Las garantías constitucionales que describimos al principio de este trabajo en los puntos (a), (b), (c) y (d) tienen historia constitucional en Cuba. La preocupación constitucional por la educación, una pensión, la asistencia médica, el trabajo, la libertad sindical, la protección al trabajador, etc. tampoco son cosas nuevas. No sólo tienen antecedentes en la Constitución del 40 y en la de 1901 sino que existe abundante jurisprudencia anterior a Castro, particularmente en temas laborales. No hay duda de que esas garantías serán mantenidas y puestas al día. Este no es lugar para entrar en detalles. Lo que hay que cuidar es la implementación.
• Implementación significa respeto a los derechos garantizados por la constitución. No significa concederle a cada cual lo que le parezca adecuado. Las mayorías deciden en una democracia, pero con respeto a los derechos constitucionales de los demás que no es lo mismo que sus preferencias. En eso consiste el contrapunto mayoría / minoría.
• No hay recurso contra una mala implementación de la constitución que nos demos sin un Tribunal Constitucional de calidad que sea respetado y absolutamente independiente. De lo contrario habremos creado un documento retórico.
• El Tribunal existe para resolver disputas en cuanto al alcance de los derechos individuales frente al estado. También resuelve las disputas entre los órganos del estado. El Tribunal es en sí solo un local y unas personas. Su autoridad viene de la conciencia social de su importancia para lograr un estado de derecho.
• Si un funcionario acostumbrado al sistema arbitrario de cuatro décadas desobedece una sentencia u orden legítima del tribunal atentaría contra la libertad que se basa en el respeto y la aceptación de las instituciones. En realidad estaría desobedeciendo al pueblo de Cuba, que creó las instituciones para poder vivir en paz.
• No hay libertad civil sin compromiso ciudadano para defenderla por medios pacíficos. En casos flagrantes de irrespeto a la voluntad popular el ejercicio de todos los derechos dados por la constitución, o sea protesta masiva por los medios de comunicación, manifestación, petición, etc. para exigir el cumplimiento de la ley sería indispensable.
• Al igual que no hay constitución sin Tribunal Constitucional que vele por ella, no hay sociedad civil, ni estado de derecho, ni libertad sin tribunales civiles que apliquen la ley y sirvan de árbitros. El grado de civilización y viabilidad de una sociedad avanzada se mide por su capacidad de solventar conflictos pacíficamente. Los tribunales deben ser neutrales, es decir apolíticos, competentes, justos y honestos. Todo lo contrario de lo que han sido por más de cuatro décadas.
• La sociedad civil protegida por los tribunales no puede existir sin propiedad y empresa privada. Así se protege también al trabajador que labora para ser propietario o empresario particular si así lo desea. Si el estado es enorme, asfixia la sociedad civil.
• La sociedad civil necesita de libertad para ejercer las profesiones liberales. Los médicos, abogados, contables y otros profesionales no deben ser exclusivamente empleados estatales. Este principio y el anterior son indispensables para dividir el poder y dar opciones a los ciudadanos frente al estado.
• Contamos con una excelente tradición judicial y buenas leyes para su organización que datan de los comienzos de la república. Asimismo las constituciones cubanas se ocuparon de proteger los principios de independencia del poder judicial. Debemos depurar los jueces y tribunales políticos de Castro. Es un elemento esencial que debe exigir el pueblo. Sin él tendríamos solamente la apariencia de estado de derecho que estaría vacío de contenido ya que los encargados de aplicarlo serían los que lo han suprimido por más de cuatro décadas.
• No hay democracia, ni respeto al derecho ajeno, ni tribunales justos, ni honestidad en el gobierno si esas cualidades no existen en el pueblo. Todos los grandes pensadores que han tratado el tema convienen en una cosa: sin VIRTUD CIUDADANA no hay libertad.
• La virtud se inculca básicamente en la niñez y en el seno de la familia. Por eso la educación es patrimonio inalienable de los padres que tiene derecho a opinar y actuar respecto al programa de instrucción de las escuelas públicas u optar por una privada si no gustan de él.
Podremos salir adelante. Cuba cuenta con gente que ha sufrido y reflexionado. Tendrán una labor ardua frente a sí. Pero confío en que saldremos adelante con el concurso de los pocos, de los buenos, de los de siempre, palabras de ese Martí tan abusado por el régimen y los politiqueros de todas la épocas, pero que sí sabía pensar y expresarse con cabeza propia, para crear por fin una Cuba con todos y para el bien de todos.
FOOTNOTES
1. Art. 257. El Congreso no podrá incluir en las leyes de presupuesto disposiciones que introduzcan reformas legislativas o administrativas de otro orden, ni podrá reducir o suprimir ingresos de carácter permanente sin establecer al mismo tiempo otros que los sustituyan, salvo el caso en que reducción o suspensión corresponda a la reducción de gastos permanentes de igual cuantía; ni asignará ninguno de los servicios que deban dotarse en el presupuesto anual cantidad mayor de la indicada en el proyecto del Gobierno. Podrá por medio de las leyes crear nuevos servicios o ampliar los existentes. Toda ley que origine gastos fuera del presupuesto, o que represente en el porvenir erogaciones de esa clase, deberá establecer, bajo pena de nulidad, el medio de cubrirlos en cualquiera de estas formas: a) Creación de nuevos ingresos. b) Supresión de erogaciones anteriores. c) Comprobación cierta de superávit o sobrante por el Tribunal de Cuentas.
2. Ver “Derecho Constitucional Cubano,” Primera Parte. Serie de tres artículos por Alberto Luzárraga en http://www.futurodecuba. org, en la sección Constitucional.
3. Sobre el tema de como organizar definitivamente un tribunal que mejore lo pasado ver Alberto Luzárraga, “El Tribunal Constitucional: Una Propuesta de Reforma,” Cuba in Transition—Volume 7 (1997) y http://www.futurodecuba.org sección Constitucional.
4. Ver Alberto Luzárraga, “Reflexiones sobre el Poder Judicial,” http://www.futurodecuba.org, en la sección Estado de Derecho
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