Notes1
El General Raúl Castro pudiera ser reconocido en el futuro como el presidente más pusilánime de la historia nacional. Todo en su gobierno—que ya rebasa un sexenio y amenaza por cobrarse otro—es más pausa que prisa. Como si el país estuviera en condiciones tales de bonanza que pudiera permitirse el lujo de las largas experimentaciones.
Obviamente, el general tiene sus razones. No tengo dudas de que la principal razón que paraliza al General/ Presidente en su llamada “actualización del modelo,” es que enfrenta muchos más dilemas que opciones en su ingrata tarea de echar a andar un sistema carcomido conservando las claves del poder político que lo sustenta. Le sucede en muchas áreas, y esto le obliga a bordear incesantemente el meollo de las cosas sin entrar en materia real. Y le pasa, con particular crudeza, en el caso de la migración.
En consecuencia, nos encontramos con el hecho de que hace más de un año Raúl Castro anunció una reforma migratoria sustancial, una necesidad de primer orden en un país donde las medidas sobre el tema se toman fuera de toda legalidad y se basan en resoluciones burocráticas o simplemente decisiones políticas comunicadas vía telefónica.
Entonces el General/Presidente dijo que la reforma migratoria era parte consustancial de la “actualización” del “modelo.” No sabíamos en aquel momento que significaba “actualización” ni a que “modelo” se refería. Hoy seguimos sin saberlo, y agregamos al inventario de la incertidumbre que quería decir Raúl Castro con lo de Reforma Migratoria. Hasta el momento no se ha producido cambio alguno. Y lo que es más complejo, tampoco sabemos la magnitud de las propuestas en juego, ni el timing acordado. Y aunque eso de la transparencia informativa es un lujo liberal que el gobierno cubano no se permite, hubiera sido razonable que al menos se pudieran obtener algunas señales vitales para una sociedad que ya es eminentemente transnacional en el sentido definido por Portes et. al (2003). Y para la cual, por consiguiente, la modernización del régimen migratorio no es una cuestión adjetiva.
En mi opinión la dilación de las decisiones está ligada a tres tipos de problemas.
- El primero de ellos se refiere a hasta donde es posible satisfacer los requerimientos del deber ser teniendo en cuenta que Cuba muestra uno de los regímenes migratorios mas bochornosos a nivel planetario. Pues aunque la élite postrevolucionaria no es particularmente sensible a cuestiones de estética política, es indudable que el mantenimiento del actual régimen tiene costos inevitables, sobre todo si recordamos que Cuba es signataria de los principales pactos internacionales en la materia. Pero al mismo tiempo todos los candados migratorios existentes—muchos y muy onerosos—son partes de un sistema político autoritario que no puede ser afectado más allá de muy escuetos límites.
- La segunda cuestión implica los usos de la emigración. Durante muchos años—e indudablemente con una fuerte motivación de origen—los migrantes han sido tratados como bestias pardas vendeanas y explicados a la población como la negación de la dignidad nacional. Este uso político ha sido matizado desde fines de los 70s cuando se inició un uso económico de los migrantes como remesadores, y sobre todo desde los 90s cuando las remesas pasaron a ser un componente vital de la economía insular, el consumo popular y de la gobernabilidad misma de un sistema marcado por una crisis económica recurrente. El dilema actual reside en decidir cuales usos son más provechosos y pertinentes a la luz del esfuerzo del gobierno por remontar la actual mediocridad económica sin alterar el régimen político. Esto coloca el asunto justo en el centro de una relación muy tensa entre la política y la economía
- Por razones obvias, el tema cruza a la propia élite política postrevolucionaria y separa a sus dos fracciones: la burocracia rentista afincada en el Partido Comunista y la tecnocrática empresarial incubada en las fuerzas armadas. Mientras la primera apuesta por el mantenimiento en lo fundamental del actual régimen migratorio y la exacción económica de la diáspora vía fiscal y precios, la segunda estaría dispuesta a un uso más intensivo de los ahorros de los migrantes (por el momento la inversión a mayor escala es dificultada por la Ley Helms Burton) y de su fuerza política en un lobby anti-embargo/bloqueo más efectivo. Y aunque todo el mundo en el Palacio de la Revolución concuerda en que no hay que tocar el asunto de los derechos civiles y políticos, no puede obviarse el calibre de las divergencias en un sistema que, como el hielo, no solamente es duro y frío, sino también sorprendentemente frágil.
UNA MIRADA HACIA ATRÁS
Aunque siempre existieron migrantes cubanos en Estados Unidos—muchos próceres independentistas lo fueron—el fenómeno masivo que hoy observamos es una situación postrevolucionaria. El triunfo insurreccional de 1959, con sus políticas redistributivas y nacionalistas provocó varios flujos clasistas que Pedraza (2007) en un libro apasionante define en cinco olas. Inicialmente se trató de los funcionarios y familias burguesas más comprometidas con la dictadura batistiana, luego del resto de la burguesía y más adelante de la clase media asustada por la radicalidad revolucionaria que—adornada con los inevitables alardes de austeridad plebeya—fue identificada como comunismo. En toda esta primera etapa la emigración fue indudablemente un instrumento de presión que los Estados Unidos y la contrarrevolución local usaron contra la entonces joven revolución popular.
Estos flujos se han continuado a lo largo de medio siglo, salpicados por explosiones masivas como la que tuvo lugar a través del puerto de Mariel en 1980. Pero inevitablemente cambiaron su composición social y fueron engrosados por familias trabajadoras y por jóvenes que nunca habían conocido otra realidad que la sociedad postrevolucionaria. Eran desde cierto ángulo los hombres nuevos frustrados de una revolución hipotecada. Pero desde otro eran simplemente migrantes que buscaban mejores horizontes económicos en un país desarrollado donde ya existía una atractiva cabeza de playa.
Se calcula que esta migración hoy envuelve a unos dos millones de personas, de las que 1,8 millones residen en Estados Unidos y 1,2 millones en la porción sur de la Florida, en torno a la controvertida ciudad de Miami.2 En este sentido Cuba tiene una situación similar a otros países caribeños como República Dominicana y Jamaica, pero también guarda algunas diferencias cruciales, de las que quiero referirme a dos:
- La naturaleza social de la emigración cubana es única en el hemisferio. Se compuso inicialmente de clases medias y alta, y luego de grupos de jóvenes con niveles apreciables de educación que habían aprovechado la movilidad social ascendente del hecho revolucionario. Siendo partes inevitables de un conflicto político binacional, fueron beneficiados con un régimen de incorporación (Freeman, 2006) muy auspicioso adornado con normativas como la problemática Ley de Ajuste Cubano,3 becas y otros apoyos que no tuvieron otras minorías. En consecuencia es una comunidad muy boyante económicamente y que ha logrado posiciones importantes en el sistema político americano.
- En un principio era una migración marcadamente política, y estos primeros inmigrantes politizaron toda la matriz de inserción posterior, haciendo del anticastrismo un oficio. Aunque los migrantes posteriores se acercaron más a lo que hoy se llama una emigración económica, fueron sometidos a vejaciones, expropiaciones y a la estigmatización por parte del estado cubano, quién los consideró desgajamientos despreciables del cuerpo nacional. En consecuencia, los cubanos emigrados tienden a denominarse como exiliados a pesar de que muy pocos los son realmente. Todos son, sin embargo, desterrados. Y como tal tienden a considerar desfavorablemente el sistema que dejaron atrás, aún cuando esto no se manifieste necesariamente como hostilidad política explícita.
Vale la pena aclarar que las políticas del gobierno cubano hacia la emigración han experimentado flexibilizaciones, en la misma medida que cambiaba la composición social y la relación económica. Hace cuatro décadas los cubanos estaban impedidos absolutamente de viajar al extranjero, al menos que lo hicieran por alguna razón oficial o para abandonar definitivamente el país. Los emigrados, por su parte, no podían regresar al país ni siquiera a visitar a sus familiares en casos de emergencia. Hoy pueden hacer ambas cosas y hay diversas modalidades para hacerlo.
Lo que me interesa destacar es que todos los cambios acaecidos dejan intacta la potestad superior del estado cubano para administrar discrecionalmente— delegar, vender o revocar—lo que debiera ser un derecho de todos los cubanos, a viajar fuera de su país y a regresar a él cuando así lo consideren. O, en otras palabras, no afectan la regulación autoritaria de un asunto que debiera ser consagrado como derecho. Y es justamente en ese punto en el que pudieran estar coincidiendo todas las fracciones de la élite política cubana, en detrimento de los derechos ciudadanos de los cubanos comunes. Y, sobre todo, producen una alquimia política deprimente en que los derechos negados como principios, son accesibles como mercancías.
CUANDO LOS DERECHOS SE COMPRAN
La situación migratoria cubana actual es tan abigarrada y deprimente que con frecuencia escapa al entendimiento de los observadores distantes. Figuras como “salida definitiva” o “permiso de residencia en el exterior” son, para poner dos ejemplos, situaciones absolutamente ajenas a las realidades que vive la abrumadora mayoría de los terrícolas. Por ello, y para que el lector pueda entender tanto la complejidad del asunto como su función al interior del sistema, vale la pena detenernos brevemente en una descripción de los avatares más frecuentes de la práctica migratoria cubana.
Para los ciudadanos cubanos que residen en la isla hay cuatro maneras legales de viajar al extranjero:
- Con un estatus excepcional llamado Permiso de Residencia en el Exterior, por el que la persona puede entrar y salir casi libremente, cuando lo considere necesario. Se otorga a personas que se han casado con extranjeros (no todas), a funcionarios autorizados y a miembros prominentes de la élite política, intelectual o familiares. Es casi un status normal, si no fuera porque es una atribución otorgada, y revocable si la persona mostrara algún tipo de comportamiento no aceptable por el gobierno. Las personas ubicadas en este estrato son una ínfima minoría donde el gobierno recluta a los emigrados aquiescentes que nutren las llamadas reuniones de La nación y la Emigración.
- La salida “definitiva,” es decir la persona que emigra y que no puede regresar más a vivir a Cuba, pierde todos sus derechos ciudadanos. Es la condición de la mayoría de los emigrados, a los que se suman los miles de cubanos que emigran ilegalmente, en balsas o tanteando las fronteras con México y Canadá.
- La salida temporal que ensayan personas que solo aspiran a estar fuera de la isla por un máximo de 11 meses, tras los cuales deben regresar o se convierten en migrantes “definitivos.” Esta modalidad no autoriza a viajar con hijos menores de edad. En todos los casos las salidas de estas personas son expresamente autorizadas por el Ministerio del Interior y por la institución donde esa persona trabajó por última vez. Existen categorías de técnicos—los médicos por ejemplo—que no pueden salir por esta vía, así como las personas consideradas políticamente adversas, por lo que son muy numerosos los casos de impedimentos de salidas que existen en el país.
- Por la vía oficial, que atañe a personas que salen en misiones gubernamentales o de organizaciones afines: funcionarios, académicos, artistas y técnicos. Necesitan una institución oficial que patrocine el viaje. Si alguna persona que sale en uno de estos viajes decide no regresar a Cuba— oficialmente: deserta—pierde todos sus derechos de ciudadanía y no puede regresar al país en varios años (hasta cinco) ni permiten a su familia salir de la isla. Es decir, es condenado a una separación familiar por varios años.
Valga aclarar que en medio de esta indefinición legal y de desprecio a los derechos ciudadanos, el gobierno cubano ha establecido pactos no escritos con sectores específicos que pueden ser beneficiados con modalidades migratorias más flexibles, como es el caso de los intelectuales adscriptos a la Unión Nacional de Escritores y Artistas (UNEAC). A cambio, los miembros de organizaciones como éstas deben mantener posturas políticas y perfiles críticos aceptables, lo que en el caso de la UNEAC conlleva a la castración pública de un sector tan sensible como los intelectuales.
Cada uno de estos procedimientos está marcado por alguna transacción monetaria cuando se trata de viajes privados. Solo a modo de ejemplificación, digamos que cada persona que desee viajar por la vía privada debe pagar unos 500 dólares por la totalidad del trámite interno (obviamente sin contar la visa y el boleto), cifra descomunal para una población cuyo ingreso medio no supera los 20. Y luego ya en el país de destino, de manera insólita, debe pagar al consulado cubano una suma por cada mes que permanezca en ese país. Esta suma oscila entre 150 y 40 dólares mensuales. De manera que si un cubano decide permanecer de visita en Estados Unidos por los 11 meses autorizados por el gobierno cubano, debe pagar al final por los diez meses últimos de la estancia hasta un total de 1 500 dólares; y si lo hace en República Dominicana debe pagar 600.
Otro perfil crematístico de la relación del estado con la emigración es el pasaporte. Solo tiene 32 páginas y aunque tiene validez por seis años, ha de ser habilitado cada dos años con pagos consulares cercanos a los cien dólares cada vez. Su emisión en el extranjero cuesta 200 dólares. El uso de pasaporte cubano es obligatorio para visitar Cuba aún cuando la persona haya renunciado a la ciudadanía.
Como antes anotaba, cuando una persona decide emigrar “definitivamente,” pierde todos sus derechos ciudadanos, por lo que técnicamente se convierte en desterrado.4 Si en algún momento quiere regresar solo puede hacerlo de visita, para lo cual debe ser autorizado específicamente por el gobierno mediante un sello que colocan en el pasaporte y que autoriza a permanecer por 21 días. Muchos cubanos con posiciones políticas oposicionistas no son autorizados, ni siquiera en casos de emergencias familiares. Existen cohortes de emigrados—el caso de la mayoría de los “balseros” de 1994—que afrontan dificultades especiales para obtener los permisos de entrada. Otros son autorizados, pero rechazados cuando llegan a tierra cubana.
Se trata de un régimen migratorio opresivo y despreciable. Pero al que habría que reconocer su alta funcionalidad para un sistema cerrado y que desde hace veinte años no conoce otra cosa que el corto plazo.
En un primer plano, la emigración representa una avenida fiscal de primer orden. Todos los pagos antes mencionados—regularmente realizados por los migrantes en beneficio de sus familiares—significan centenares de millones de dólares anuales de ingresos netos. Si a ello se suman los altos precios de los productos en las tiendas estatales que absorben cuotas importantes de las remesas que ingresan al país, habría que reconocer que los migrantes sostienen buena parte del aparato estatal que limita sus derechos.
Pero al mismo tiempo la situación migratoria antes descripta es un perfecto mecanismo de inhibiciones políticas, tanto para migrantes como para insulares.
Una razón principal que determina la incapacidad de los grupos organizados de la diáspora para conseguir apoyo político de los emigrados, es el retraimiento político de esos emigrados. Y en buena medida ese retraimiento está dado por el temor a las represalias que puede tomar el gobierno, y que implican tanto la retirada del permiso a los migrantes para visitar el país como a sus familiares para viajar al exterior. Y eventualmente el bloqueo a cualquier tentativa de sacar a los familiares de Cuba para producir la reunificación familiar fuera del territorio nacional. La historia reciente del país está plagada de hechos dramáticos de familias separadas, personas retenidas como rehenes, y de migrantes que han tenido que velar los últimos momentos de sus familias queridos en la lejanía ante la negativa del gobierno a permitirle pisar la tierra en que nacieron.
Al interior el efecto es paralizador. Todos los cubanos saben que el derecho a viajar depende de un buen comportamiento político. Y viajar no es para los cubanos únicamente una forma de resarcir el espíritu o de encontrarse con la familia, sino también una manera de sobrevivencia en calidad de trabajadores temporales informales. Y en particular lo es para los intelectuales, cuyas asistencias a congresos académicos, estancias investigativas o docentes en universidades extranjeras depende de un alineamiento fundamental con las políticas gubernamentales.
Las políticas migratorias cubanas pueden merecer muchos adjetivos desagradables. Digamos que son arbitrarias, despreciables y anticuadas. Pero es difícil pensarlas simplemente como rémoras heredadas de un pasado traumático. Son partes consustanciales de un sistema de dominación política autoritario levantado sobre los escombros de una revolución.
LOS MUCHOS DILEMAS
Desde hace veinte años nada es fácil para la elite política postrevolucionaria. Tampoco esto.
Es presumible que un uso más intensivo de la migración como factor económico traería ventajas sustanciales. Por ejemplo, se podría intensificar la captación del ahorro de la Diáspora mediante ofertas de inversión, tal y como lo ha hecho los referentes chinos y vietnamitas. De hecho las inversiones de los migrantes—en pequeña escala y de manera informal—ya existen en la base de buena parte de los negocios privados emergentes y del movimiento inmobiliario. Pero es de suponer que un clima más amistoso pudiera atraer capitales mayores, sobre todo si la legislación americana lo permitiera, incrementaría las remesas ordinarias, aumentaría las visitas y eventualmente fortalecería un lobby antiembargo más influyente.
En un horizonte de más alcance los migrantes constituirían un capital social de primer orden que facilitaría el acceso a redes e instituciones técnicas y de financiamiento. E incluso pudieran articular proyectos de financiamiento y entrenamientos como los que ha avanzado el Cuba Study Group (www.cubastudygroup. org) y que implicaría el aprovechamiento de recursos externos para fines internos de alta prioridad.
Esta pudiera ser la aspiración de algunos grupos académicos que siguen de cerca los senderos de la reforma raulista, e incluso de la fracción tecnocrática militar de la elite. Pero es irrealista pretender avanzar en esa dirección sin producir cambios en la política migratoria que deben incidir en la devolución de derechos a los emigrados y a la población insular, en la disminución de los ingresos fiscales—la panacea de una clase política acostumbrada a ser subsidiada—y en el relajamiento de los mecanismos opresivos internos. E inevitablemente también debe incidir en una disminución de las capacidades gubernamentales para manejar asuntos como la exportación de servicios profesionales, que hoy constituye una fuente principal de ingresos nacionales. Y nada de ello es secundario para una élite que desde los 90s no hace otra cosa que caminar por el borde de un precipicio cargando sobre sus espaldas déficits y carestías.
Por ello es predecible que el gobierno de Raúl Castro seguirá sin entrar en el meollo del asunto, y producirá cambios menores sin alterar lo fundamental. Dicho en otras palabras, el entramado de regulaciones y prácticas migratorias es tan denso y atrasado, que permite cambios en muchas áreas. Digamos por ejemplo, que el gobierno podría autorizar más tiempo de estancias (de los emigrados en la isla y de los insulares afuera), podría simplificar la cadena de permisos que se requieren para salir, pudiera reducir algunas gabelas y levantar algunas restricciones a cohortes migratorias. Y todo ello sería positivo, porque contribuiría a incrementar los intercambios y reduciría los sufrimientos humanos. Pero, recalco, no conduciría a una devolución sustancial de derechos confiscados.
De cualquier manera, más allá de las vacilaciones y devaneos de la élite política, la sociedad transnacional cubana continúa su evolución. Los contactos se incrementan y se generan nuevos campos sociales (Bordieu y Wacquant, 1992) transnacionales que tratan de recuperar el tiempo perdido tras muchos años de hostilidades y desconfianzas. Sucede en todas las esferas—la economía, la cultura, las religiones- y curiosamente también el campo de la política.
No es que esto último—los campos sociales politizados—sea nuevo. Siempre el gobierno cubano contó a su favor con una franja de partisanos, de igual manera que los opositores internos contaron con apoyos. En esto ha habido de todo, desde creyentes sinceros hasta negociantes de ambas filosofías, el castrismo y el anticastrismo. Pero mientras se trató básicamente de dos posicionamientos polarizados, a favor y en contra, todo fue más sencillo para los dirigentes cubanos, expertos en el manejo de conflictos binarios.
Lo que es nuevo es que estos campos politizados transnacionales se multiplican en la misma medida en que se multiplican los posicionamientos políticos en torno a Cuba. El caso más evidente es la formación de un campo centrado en la iglesia católica favorable a una “transición ordenada” y de entendimiento con la élite política, y en el que se aglutinan intelectuales, empresarios, activistas, profesionales en su mayoría católicos y conservadores. Y lo que pudiera aún ser más interesante, las relaciones eventuales entre grupos y personalidades emigradas con contrapartes insulares en torno a acciones concretas, incluso en el campo de la izquierda política.
Signos de los tiempos y de una sociedad transnacional que efectivamente se mueve. Y lo seguirá haciendo bordeando los obstáculos. Eventualmente por encima de ellos.
POSTCRIPTUM
Tras año y medio de expectativas, cuando este articulo ya estaba en prensa, el gobierno cubano anunció la denominada “actualización migratoria.” Lo hizo mediante varios decretos leyes y reglamentos que involucraron a varios organismos estatales. Como se preveía en el artículo se han generado algunos cambios que disminuyen algunos precios de servicios migratorios, flexibilizan los trámites y eliminan algunas figuras particularmente odiosas. Y por consiguiente, se trata de cambios positivos que mejoran las posibilidades de comunicación y encuentros familiares, ahorra dinero a los migrantes y permite estancias mayores de los cubanos insulares afuera, y de los cubanos emigrados adentro.
Pero nada de ello implica un cambio sustancial en materias de derechos ciudadanos. Lo que la actualización migratoria nos ofrece es un cierto relajamiento de los permisos que el estado otorga a sus súbditos, no una devolución de derechos a sus ciudadanos. Por ejemplo, ahora los cubanos no requerirán cartas de invitación ni permisos de salida, lo que les ahorra unos 300 dólares y algo de tiempo. Pero la potestad del estado para conceder el permiso—y revocarlo— queda en pie mediante el trámite del pasaporte, el que se da discrecionalmente. Y al respecto la legislación es muy clara en cuanto la existencia de impedimentos de salida para personas que tengan roles destacados en “el desarrollo económico y social,” o de aquellos que cuestionen activamente factores—tan duros como vaporosos—como son el “interés público,” los “fundamentos del Estado Cubano,” o la “seguridad nacional.”
La migración, por tanto, sigue siendo un mecanismo de represión y control sociopolítico de la población, una potente maquinaria de expropiación de derechos en beneficio del poder inapelable de la élite política postrevolucionaria.
Otra cuestión es la mutilación temática, pues el problema migratorio cubano no se agota en el asunto de cuan libres puedan ser los habitantes de la isla para viajar fuera de ella. Los cubanos son víctimas de limitantes para viajar dentro del territorio nacional, y los que residen fuera de la isla—salvo una minoría con permisos especiales—carecen totalmente de derechos ciudadanos. Pero sobre estos las nuevas normativas son severamente omisas.
En resumen, hemos obtenido algo mejor de lo mismo, pero absolutamente insuficiente. Y es penoso que así sea, porque esa relación de la isla con la que efectivamente es su emigración, y que los dirigentes cubanos se empeñan en ver como un problema a administrar, es sobre todo una oportunidad para un futuro mejor.
Un futuro mejor que podrá ser construido cuando la sociedad cubana pueda optimizar su innegable condición transnacional.
LITERATURA CITADA
Bordieu, Pierre, y L. Wacquant (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. The University of Chicago Press, Chicago.
Freeman, Gary (2006). “La incorporación de migrantes en las democracias occidentales” en Repensando las migraciones (coord. por A. Portes y J. de Wind). Instituto Nacional de Migración, México, D.F.
Pedraza, Silvia (2007). Political Disaffection in Cuba’s Revolution. Cambridge University Press, New York.
Portes, Alejandro, et. al (2003) “El estudio del transnacionalismo: peligros latentes y promesas de un campo de investigación emergente,” en La globalización desde abajo. FLACSO, México.
FOOTNOTES
1. Nota del Editor: Este articulo fue escrito antes del 16 de octubre, fecha de publicación de la reforma migratoria. Nada en dicha reforma desmiente lo afirmado por el autor, por lo que lo publicamos integro, agregando un postcriptum contibuido por el autor.
2. Los datos sobre migrantes cubanos en Estados Unidos provienen del censo de 2010. Aunque la diáspora cubana salpica todo el planeta, la primacía cuantitativa y cualitativa de la comunidad radicada en Estados Unidos es innegable, por lo que en este artículo me referiré a ella fundamentalmente.
3. Permite a los cubanos que pisan suelo norteamericano radicarse en el país y optar por la residencia. Es una inusual ley anticomunista que fue antes ensayada con algunos países este-europeos y asiáticos pero que en el caso cubano ha perdurado todo el tiempo actualmente incrustada en la Ley Helms Burton. Aunque es un incentivo para los emigrantes, no creo que se pueda considerar decisiva para explicar los flujos migratorios cubanos, tal y como pretende la propaganda del gobierno cubano.
4. Hasta 2011 también perdía todas sus propiedades, que en Cuba se pueden referir a vivienda, auto y muebles. Actualmente no son expropiados y pueden vender o traspasar esas propiedades, lo cual significa un pequeño pero positivo paso de avance.
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