Estamos acostumbrados a que se resalten algunas actividades económicas y sociales del país como “logros” comparadas con el período anterior a 1959. Sin embargo, ya algunos de ellos comienzan a pesar, en el contexto de la falta de recursos para derrochar. En particular la seguridad social.
Mucho se ha reflexionado acerca de los beneficios que ha traído a los trabajadores cubanos el Sistema de Seguridad Social existente, pero los efectos negativos que se han desprendido de su adopción no se señalan.
Si el presupuesto estatal no tuviera que enfrentar los elevados gastos de seguridad social, el déficit presupuestario sería menor y también se reduciría la modorra que ha creado en los trabajadores la posibilidad de acogerse a certificados médicos o a jubilaciones prematuras con respecto a la edad, por problemas de incapacidad. El exceso de “bienestar” que preconiza el sistema trajo acompañado también un relajamiento en la disciplina laboral.
En la actualidad se ha llegado a la convicción de que es necesario rectificar la llamada benevolencia con que se ha enfocado la legislación vigente, pero se teme que las correcciones den al traste con una crisis. Es por ello que durante la discusión de la Ley Tributaria en la Asamblea Nacional del Poder Popular, quedó pendiente la aplicación de la contribución especial a la seguridad social por parte de los trabajadores.
No hay lugar a dudas que lo que se dio por un “logro” tiende a desmoronarse, el país no puede sostener un sistema propio de naciones altamente desarrolladas. Pero, antes de analizar las medidas que se pretenden tomar para subsanar las grietas que ha dejado el sistema, se podría hacer un pequeño recuento de cómo se ha legislado al respecto.
LA SEGURIDAD SOCIAL EN CUBA
Ya en 1913 se había elaborado la primera Ley de Seguridad Social en el país y en 1958 funcionaban 52 instituciones de Seguro Social, denominadas cajas fondo, cajas de retiro o seguro, y 50 cajas de retiro cuya funciones eran proteger a los trabajadores por pensiones de vejez, invalidez y muerte. También existían el régimen de accidentes del trabajo y el seguro de maternidad obrera. Aunque las instituciones protegían un poco más que el 46 por ciento de los trabajadores asalariados, el hecho de que no todos estuvieran cubiertos, no incidía para que todos se afanasen por trabajar.
La contribución que hacían los trabajadores a las cajas de retiro oscilaba entre el 3 y 6 por ciento del salario. Posterior a 1959 se han promulgado decenas de legislaciones vinculadas al Sistema de Seguridad Social, sin tener en consideración su mayor o menor importancia, algunas de ellas han sido demasiado “bondadosas,” si se comparan con el costo social que implica mantenerlas, como la Ley 1100 que garantizó un subsidio por 26 semanas al trabajador enfermo, prorrogable a otras 26 con el 40 por ciento del salario si estaba hospitalizado y el 50 por ciento si no lo estaba. La Ley 24 de 1979 extendió el derecho al cobro de subsidio por todo el tiempo que dure la enfermedad e incrementó en un 10 por ciento la tasa de los subsidios. Otras, han retirado parcialmente algunos de los beneficios que se suponía se recibieran del Sistema, como la Resolución 176 del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública que ordenó que para los tres primeros días del certificado médico, la adminstración es quien justifica o no esos días. Este último aspecto, vinculado con el Sistema de Seguridad Social ha traído múltiples consecuencias adversas, entre ellas el relajamiento de la disciplina laboral, la pérdida de valores éticos por parte de los que emiten los certificados e indiscutiblemente el pago indebido de millones de días laborables, sin ningún respaldo productivo, como puede apreciarse en el Gráfico No. 1.
Ya los días promedio de ausencia por enfermedad en 1994 sobrepasaban los 17.22. Es algo contradictorio en un país en que oficialmente los indicadores de salud mejoran constantemente de año en año.
Si analizáramos la cantidad de jubilaciones y pensiones, nos encontraríamos ante una tendencia alta de crecimiento, la que comenzó al admitir la prueba testifical a los que acumulaban 25 años de trabajo y en los últimos 5 años se ha incrementado de forma insostenible, al extremo de que el Gobierno decidió revisar los expedientes de jubilación por incapacidad parcial o total de este período.
El número de beneficiarios asciende a 1,350,000 personas, con una tasa de crecimiento anual desde 1990 del 4.25 por ciento en físico y en valores monetarios del 6 por ciento. En 1980 la cifra absoluta era de 672,283, lo que implica que en 15 años se ha duplicado. Si se toma en cuenta el envejecimiento de la población cubana, se podría considerar normal, pero crecen en forma desproporcionadas las pensiones por invalidez, con cifras propias de países desarrollados, como se muestra en la Tabla No. 1.
La reducción que se nota en el último trimestre de 1995 es producida porque a nivel nacional se chequearon los expedientes y se viraron 807, con recomendaciones de buscarles solución sin jubilarlos. Las cifras relativas son elocuentes de lo que estaba pasando: si en 1990 el 25 por ciento de los jubilados fue por invalidez total, en los ocho primeros meses de 1995 ya ascendía al 38.5 por ciento.
Con una esperanza de vida al nacer de 74.7 años, las mujeres se jubilan a la edad de 55 y los hombres con 60, lo que implica que el Estado debe proporcionarles ingresos mínimos por espacio de 20 y 15 años respectivamente como promedio, lo que resulta impropio de un país con tan bajo nivel de desarrollo económico. Sólo 60 de cada 100 trabajadores se retiran con la edad requerida, lo que aumenta la cantidad de años que hay que subsidiar al 40 por ciento de los jubilados.
Claro está, toda esta situación no se produce de forma espontánea, sino que a ella conducen factores de índole económico y social, sin excluirse los políticos. Hasta los propios organismos gubernamentales quieren resolver el problema de sus trabajadores “disponibles” y que están próximos a la edad del retiro, mediante la jubilación por invalidez. En algunas provincias se marca esta tendencia. Por ejemplo en Guantánamo en 1995 el 50 por ciento de los jubilados resultaron ser incapacitados totales para trabajar.
No cabe duda de que esta explosión está asociada al período especial— la pérdida del poder adquisitivo del salario y la posibilidad de obtener ingresos por otras vías ha influído en el hecho de que las personas se retiren antes de fecha. Posteriormente estos jubilados se incorporan nuevamente al trabajo de diferentes formas, una parte al sector estatal. En particular los jubilados de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior ocupan plazas de confianza, desde gerencias de tiendas y hoteles, hasta serenos. El sector cuentapropista también recoge una parte de estos, como puede apreciarse en la Tabla No. 2.
El hecho de que los jubilados opten por plazas estatales, con el déficit existente de ofertas de empleo de ese sector, hace que los jóvenes que arriban a la edad laboral, se encuentren en una situación desventajosa. Además de que el proceso de reducción de las plantillas infladas se detuvo, por su implicación política (dejar sin empleo a un millón de trabajadores, por concepto principalmente de ineficiencia de la fuerza laboral), anualmente se incorporan a la vida económicamente activa unas 140,00 personas, siendo el incremento potencial de la fuerza laboral anual de unas 100,000, porque de los que se incorporan hay que deducir las jubilaciones, los fallecimientos y otros factores (como los que emigran) por lo que todo atenta contra las posibilidades de nuevas fuentes de trabajo.
No hay que dejar de destacar, al tocar el tema, que poco se puede esperar de los jóvenes que tienen la oportunidad de incorporarse al trabajo, ya que desde el punto de vista productivo continuarán con el ejemplo que les dan sus antecesores, a los que el sistema ha convertido en su mayoría en malos trabajadores, trasladándoles la indolencia, el resquebrajamiento de la disciplina, la falta de exigencia personal y la desidia. Nadie trae al comienzo el rigor de los hábitos laborales y la cultura del trabajo, esto se va aprendiendo con la experiencia de un día tras de otro. Pero ¿cómo llegar a tener estos hábitos cuando el inicio es en un centro laboral donde reina el caos? Cuando se es joven se mira hacia el futuro trabajo, y las únicas expectativas que tiene la vida de las generaciones venideras están ahí. Sin embargo entre las alternativas más comunes para estos jóvenes están estas dos: que no haya trabajo, o caer en el caos laboral.
En estos momentos se puede decir categoricamente que no hay relevo de la fuerza de trabajo y además, mientras se mantengan estos niveles salariales, no permitirían que se desarrolle.
Es como si existiera un acuerdo tácito entre el Estado y los trabajadores. El primero sabe que paga y la gente no trabaja; los segundos conocen que les pagan por debajo de sus necesidades y lo admiten. Las consecuencias de este convenio son la falta de bienes de consumo y servicios.
IMPACTO PRESUPUESTARIO
Al cierre de junio de 1995, la población laboral cubana llegaba a 4,330,000 personas, de las cuales 3,690,000 correspondían al sector estatal, y 640,000 al sector no estatal. Si tomamos en cuenta que el 43.35 por ciento de la población laboral es mujer y que son precisamente las mujeres que se jubilan con menor edad, así como que en el año 2000, uno de cada 7 cubanos tendrá 60 años o más, no cabe lugar a dudas que para esa fecha habrá una reducción de la Población Económicamente Activa, el Presupuesto Estatal se verá afectado por el número de jubilados y habrá adicionalmente una influencia en la demanda de servicios de salud y en el consumo de medicamentos.
Durante más de 30 años se ha mantenido una política artificial de empleo, superior al nivel óptimo. Oficialmente se calcula que el sobreempleo entre 1989 y 1992 se triplicó.
Lo hasta aquí explicado es un fenómeno incongruente con la esencia de los postulados sociales. La estructura de oportunidades para la sociedad estaba basada casi exclusivamente en el estudio y el trabajo.
De igual forma se hacen incoherentes los problemas financieros producidos por la crisis, que traen aparejado la necesidad de dinero fresco a través de préstamos internacionales y la necesidad de reducir el déficit del Presupuesto Nacional, sobre el cual influye de forma relevante el Sistema de Seguridad Social existente. En la Tabla No. 3 puede apreciarse el comportamiento de los gastos de seguridad social en el presupuesto del estado desde 1989.
En los Estados Unidos, donde existen diferentes programas de mantenimiento de los ingresos, en 1989 la Seguridad Social representó el 21 por ciento del gasto federal de ese año fiscal, con un monto de 234 mil millones de dólares. Si obviamos la cifra absoluta, el nivel poblacional, y la participación en el presupuesto, el 12.40 por ciento que invierte Cuba en la Seguridad Social, está muy por encima de sus posibilidades como país sin desarrollo económico.
No obstante el hecho de que no se hable de aumentar salarios, porque sería una forma de incrementar el circulante, vivir del salario es algo muy dificil y mientras este pago no tenga contrapartida material se eternizará la crisis. El ingreso percápita en el país es tan bajo que comparado con cualquier país de América Latina resulta irrisorio, según se puede apreciar en la Tabla No. 4. El 22.5 por ciento del total de los núcleos familiares es considerado de bajos ingresos (menos de 50 pesos percápita mensuales). Las provincias orientales concentran el 50 por ciento de los núcleos con bajos ingresos.
En la segunda mitad de los años 80, comienza a manifestarse el déficit presupuestario. Aunque no es el objetivo de este trabajo analizar este aspecto, si hay que dejar en claro que cuando cesa la ayuda del exbloque socialista, en particular de la Unión Soviética, es que sale a flote la preocupación gubernamental por este déficit. Sin embargo las repercusiones sociales no se hicieron esperar.
La clara imagen de bienestar de los trabajadores gracias a la bondad estatal, que ha querido proyectarse tanto externa como internamente, se ha oscurecido. Comienza a vislumbrarse el veradadero panorama que tiene frente la sociedad cubana, la que trata de salir del problema de diferentes formas, pero definitivamente va en busca de una transición, que llegará de una manera u otra, antes o después, en la misma medida en que sea más o menos tolerable la crisis.
Si se sumaran las circunstancias adversas que rodean cada uno de los llamados “logros” se podría constatar como tienden a minimizarse, pero en particular la Seguridad Social como sistema se hace insostenible y de ello están convencidos hasta los que lo mantienen.
FUENTES
Economía y Desarrollo, año 95, no. 2.
Samuelson, Paul A., y William D. Nordhaus. Economía.
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