El proceso de reformas económicas que el gobierno de Cuba comenzó a implementar en 1993, a partir de la llamada “dolarización,” se ha visto prácticamente detenido en lo que va de año.
La causa de este “congelamiento” parece ser, en esencia, la voluntad política del gobierno de impedir el surgimiento de una economía de mercado que conduzca a una apertura política.
El signo ideológico y político del gobierno cubano ha puesto un límite al proceso de reformas económicas. Su profundización o ampliación no depende de su propia dinámica, sino que está sometido al marco político definido por los que gobiernan.
Un ejemplo que puede ilustrar esta afirmación es el proyecto de ley que permitiría a los cubanos ser propietarios de pequeñas o medianas empresas y que desde hace más de un año circula por distintas instancias del gobierno. Su promulgación parece ahora definitivamente pospuesta para un indefinido futuro.
Durante 1996 el gobierno ha aprobado varias medidas económicas que no profundizan las reformas, sino que más bien son consecuencia de otras aprobadas anteriormente.
- El primero de enero de 1996 entró en vigor el impuesto sobre ingresos personales en divisas, con excepción de las remesas familiares que se envían desde el exterior.
- En mayo fue aprobada la Resolución Conjunta No.1 de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios, que regula el ejercicio del trabajo por cuenta propia.
- En junio se aprobó el decreto que regula el funcionamiento de las zonas francas. Las primeras áreas donde se instalarán estas zonas son en el puerto del Mariel, en la bahía de Cienfuegos, y en Wajay, localidad próxima al Aeropuerto Internacional de Rancho Boyeros.
- La Ley 73, que creó el actual Sistema Tributario y que fue aprobada en agosto de 1994, ha venido aplicándose gradualmente. Este año, según esa legislación se establecieron 11 tipos diferentes de impuestos; una contribución de las empresas a la Seguridad Social y tres tasas impositivas: servicio de aeropuertos a pasajeros; peaje; y anuncios y/o propaganda
Atendiendo a los límites de esta panorámica informativa de la situación socio-económica cubana, quiero centrar la atención en tres aspectos que considero relevantes: 1) la política impositiva; 2) la estructura agrícola y mercados agropecuarios; y 3) la distribución de la fuerza laboral.
LA POLITICA IMPOSITIVA
La aplicación de la nueva política impositiva ha tenido repercusiones negativas en una población que, como la de Cuba, no conoció esta modalidad en las últimas tres décadas. A esa comprensible reacción de la población, hay que sumar el criterio negativo con que el gobierno está aplicando la política impositiva. El pago de los impuestos ha sido planteado como un castigo a los productores independientes y a los trabajadores por cuenta propia. Como una manera de evitar el enriquecimiento.
Estos conceptos, expresados reiteradamente por los más altos dirigentes del gobierno, fueron recogidos en un reciente editorial del semanario Trabajadores, órgano oficial de la Central de Trabajadores de Cuba, que arremetió contra los denominados “nuevos ricos,” refiriéndose a los intermediarios en los mercados agrícolas y, en general, a todos aquellos “que se aprovechan de las necesidades para ganar más y más dinero.”
Nada mejor contra ellos que un buen impuesto que les sustraiga al menos una parte del dinero que, abusivamente, ganan a montones. [ref]Trabajadores (27 de mayo 1996), p. 2.[/ref]
Aunque el año fiscal comenzó el primero de enero, y los cubanos con ingresos en dólares empezaron a pagar un mes después, la resolución que estableció los procedimientos de recaudación fiscal para el resto de los afectados, no entró en vigor hasta el 11 de abril.
En el primer cuatrimestre de 1996, las arcas del Estado captaron $4,325.3 millones de pesos por concepto de diferentes impuestos y otros ingresos. De ese total sólo 63 millones — el 1.5%— correspondió al pago de impuestos por los ingresos personales de los trabajadores por cuenta propia. Aún así, la contribución global de los trabajadores por cuenta propia, más que duplicó en ese cuatrimestre la de igual período del pasado año. [ref]“Aumenta la captación de impuestos,” Juventud Rebelde (26 de mayo 1996), p. 2.[/ref]
Para aplicar la política fiscal se creó la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), con representación en cada uno de los municipios del país.
La recaudación fiscal depende del sistema de honor, con frecuentes visitas de los inspectores fiscales. Aunque los trabajadores por cuenta propia deben llevar registros de sus ganancias y gastos, no se requiere que sus libros sean auditados. Pero además resulta que, legalmente, nadie puede hacerlo. Los contadores privados no existen en las categorías aprobadas de trabajadores por cuenta propia y no hay oficinas de contabilidad del gobierno para prestar esos servicios.
El considerable aumento de las nuevas normas impositivas sobre el ingreso a trabajadores por cuenta propia ha obligado a un buen número de ellos a cancelar sus licencias y pasar a la ilegalidad, según informes de diversas fuentes.
La cuota que debe pagar un conductor de taxi, por ejemplo, subió de 100 a 400 pesos mensuales, mientras que el aumento para un manicurista implicó un alza de 60 a 100 pesos mensuales.
En La Habana había en junio 30, un total de 900 restaurantes o paladares. Hasta el día primero de ese mes sus dueños pagaban una licencia mensual equivalente a $40.00 dólares en pesos cubanos y otros $100.00 dólares por el derecho de aceptar pagos en divisas.
Sin embargo, bajo las nuevas reglas la licencia subió a $750.00 dólares (con igual paridad peso-dólar); una cuota por cada miembro de la familia empleado y deben pagar, además, impuestos por ingresos personales.
A pesar de estos drásticos aumentos, no hay informes de que se haya producido, hasta ahora, un aumento correspondiente de los precios en los servicios privados y/o en los productos que se comercializan en los mercados agropecuarios.
ESTRUCTURA AGRICOLA Y MERCADOS AGROPECUARIOS
En septiembre de 1993 comenzó en Cuba un reordenamiento del uso y tenencia de las tierras agrícolas que algunos especialistas han calificado como la Tercera Reforma Agraria llevada a cabo por el régimen que mantiene el poder desde hace 37 años.
A partir de esta última reforma la estructura agrícola cubana ha cambiado radicalmente. Hasta hace tres años se podía hablar, en términos generales, de empresas agrícolas estatales y pequeños campesinos.
Hoy la situación es diferente. Las antiguas empresas agrícolas estatales se han convertido en empresas cooperativas de diversas modalidades y distritos agrícolas militares, que coexisten con productores privados.
La estructura agrícola actual se compone de:
- Unidades Básicas de Producción Cooperativa
- Cooperativas de Producción Agropecuaria
- Cooperativas de Crédito y Servicio
- Productores Privados
- Distritos Agrícolas Militares
- Granjas Estatales
El 42.3 % de la tierra explotable de la isla está ocupado hoy por las UBPC, en tanto que las Cooperativas de Producción Agropecuaria, ocupan el 10 %; las de Créditos y Servicios el 11.5 % y los campesinos independientes el 3.4%.[ref]“Agricultura no cañera,” Revista Tips (mayo 1996).[/ref] El resto del área disponible corresponde a las granjas estatales y a los distritos agrícolas militares.
Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC)
Constituídas a partir de las antiguas granjas estatales, las UBPC poseen la mayor cantidad de tierras cultivables, que fueron entregadas en usufructo a sus miembros.
Un total de 1,556 UBPC están dedicadas al cultivo de la caña de azúcar en tanto otras 1,577 corresponden al sector no cañero con un importante peso en la producción de viandas y vegetales.
La escasa participación de las UBPC no cañeras en los mercados agropecuarios es atribuída a su baja producción que apenas alcanza a cubrir sus compromisos con los organismos estatales de acopio que abastecen la red oficial minorista.
En opinión de los analistas del gobierno los altos precios del mercado agropecuario obedecen, precisamente, a esa baja presencia de las UBPC y otras empresas agrícolas estatales en estos mercados que son abastecidos por lo general, por cooperativistas y productores privados.
En un seminario organizado por la Asociación de Economistas de la Ciudad de La Habana, a mediados de noviembre se concluyó que “tras el impacto inicial, el mercado agropecuario muestra síntomas de estancamiento al no lograr los efectos esperados en la incentivación de la oferta.”Las causas son los altos precios que impone una participación mayoritoria del sector privado.
Un reciente estudio del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas titulado ¿Mercado: apertura o limitación? advirtió que “de continuar ese monopolio, las ventas descenderían a pesar de existir una demanda insatisfecha, por la vigencia de altos precios y la cada vez más limitada posibilidad de acceso a la población.”
El mismo estudio concluyó que la mayor parte de las ganancias, el 87 %, han ido a parar a mano de los productores privados que, por otra parte, no tienen muchas alternativas para invertir ese dinero.
Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA)
Las CPA están integradas por pequeños agricultores privadores que entregaron sus tierras a estas cooperativas. Existen en la actualidad 771 CPA que ocupan el 10% de las tierra agrícola del país, a pesar de lo cual producen el 51 % de las hortalizas y el 30 % de las viandas que consume el país. Este año alcanzaron, además, el 20 % de la producción total de caña. [ref]“En la vinculación al área también está la fuerza,” Trabajadores (22 de abril 1996).[/ref]
En 1995, el 90% de las CPA fueron rentables y obtuvieron una ganancia de 97 millones de pesos según datos del Buró Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. En contraste, ese mismo año, sólo el 36% de las UBPC no cañeras fueron rentables. [ref]“Hay que pensar en ellos,” Juventud Rebelde (21 de abril 1996).[/ref]
Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS)
A diferencia de las CPA, en las Cooperativas de Créditos y Servicios los campesinos mantienen la propiedad individual sobre sus tierras y de sus medios de trabajo.
Existen 2,260 CCS que abarcan el 11.5% de la tierra cultivable y que se han revitalizado en los últimos años con las entregas de pequeñas áreas de tierra a particulares para desarrollar el cultivo de café, tabaco y cacao.
Distritos Agrícolas Militares
Existe muy poca información de las áreas agrícolas que administran las Fuerzas Armadas y cuya producción va mucho más allá de un simple programa de autoconsumo para las tropas.
Dos datos recientes pueden dar una idea de la importancia de estos distritos agrícolas militares.
- En 1995 el Ejército Juvenil del Trabajo administraba 119 granjas dedicadas a cultivos varios, cítricos, café, caña y frutales, según el informe presentado en abril de este año al Consejo Militar del MINFAR, por el general de brigada Alvaro López Niera, subjefe del Estado Mayor General.
- Por su parte, el Ejército Oriental cuya jurisdicción abarca las cinco provincias orientales y la actual provincia de Camagüey cuenta con 70 granjas agrícolas, 65 de las cuales han sido rentables en el primer semestre de este año. [ref]“Reportaje de Miosoti Fabelo, Noticiero Haciendo Radio,” Radio Rebelde (5 de agosto 1996).[/ref]
Granjas Estatales
Las Granjas Estatales (GE), llamadas de nuevo tipo, comenzaron a constituirse con un concepción y estructura diferente a las que tenían antes de la restructuración agrícola de 1993.
Hasta el 30 de abril de 1996, el Ministerio de Agricultura había aprobado la creación de 36 nuevas granjas estatales. [ref]“Van surgiendo las Granjas Estatales de nuevo tipo,” Trabajadores (13 de mayo 1996), p. 2.[/ref] En general estas granjas se están creando en la ganadería vacuna de ceba y genética, granjas de semillas para cultivos varios, granjas forestales y frutales.
Las GE reciben la tierra en usufructo, son autofinanciadas, con personalidad jurídica independiente y patrimonio propio, pero al igual que las UBPC y las CPA, su plan de producción dependerá de los volúmenes y destinos que determine el Estado.
A diferencia de las UBPC y las CPA los trabajadores de las GE tienen un salario fijado por el Estado, aunque pueden participar hasta del 50% de las utilidades, las cuales se distribuirán en proporción directa a la cantidad y calidad del trabajo aportado. Del otro 50%, la mitad engrosará el presupuesto estatal y el resto se destinará al desarrollo social y contingencias de cualquier índole.
DISTRIBUCION DE LA FUERZA LABORAL
Según las más recientes cifras del Ministerio del Trabajo, Cuba tiene una población laboral activa de 4.6 millones de habitantes. [ref]“Intensifican guerra contra los nuevos ricos.” El Nuevo Herald (28 de mayo 1996), p. 1B.[/ref] Esa fuerza laboral, que hasta las reformas económicas iniciadas hace tres años dependía abrumadoramente del Estado, tiene ahora una composición diferente.
El trabajo por cuenta propia
Desde su aprobación en 1993, las normas del trabajo por cuenta propia han sido enmendadas en varias oportunidades.
Los trabajadores por cuenta propia tuvieron que reinscribirse el pasado mes de junio tras la aprobación de las nuevas normas que regulan esa actividad. De acuerdo con las cifras obtenidas al concluir ese proceso existían en todo el país, 208,500 personas autorizadas a trabajar por cuenta propia en 160 actividades aprobadas por la ley. Cálculos de fuentes independientes aseguran que aproximadamente otras 190,000 trabajan por su cuenta, sin la correspondiente autorización del gobierno.
Los servicios más populares que ofrecen los trabajadores por cuenta propia continúan siendo los “paladares” (cafeterías y restaurantes) los taxis, salones de belleza y los talleres de artesanía y mecánica.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Salvador Valdés, afirmó recientemente que más del 50 % de los trabajadores por cuenta propia registrados eran personas sin vínculo laboral, es decir, desempleados. [ref]“El cuenta propia también es cuenta nuestra,” Trabajadores (22 de abril 1996), p. 5.[/ref]
Sector de empresas mixtas
El sector de empresas mixtas en el que participa capital extranjero empleó en 1995 a 53,000 trabajadores cubanos, “lo que representa un 5 % de la fuerza laboral en la esfera productiva.” [ref]“Con nuestras propias fuerzas,” Trabajadores (8 de abril 1996), p. 2.[/ref] Como dato adicional vale la pena señalar que en un comentario editorial publicado por el semanario Trabajadores —a propósito de lo que calificó como errónea consideración de la Ley Helms-Burton, de que “Cuba vive exclusivamente por el impulso de las inversiones extranjeras”— se afirmó:
Las empresas o asociaciones con el capital extranjero aportaron el año pasado (1995) “entradas netas” que no pasan de 114 millones de dólares, “apenas un 3% de los ingresos nacionales en el período.”
Sector campesino privado y cooperativo
Las cifras de integrantes de este sector no han podido ser muy bien definidas. Las informaciones publicadas presentan casi siempre imprecisiones, respecto a lo que se entiende por sector cooperativo. No siempre queda claro si las referencias al sector cooperativo, incluyen a las UBPC o únicamente a los campesinos privados.
Las más recientes de estas referencias señalaron que “el sector campesino y cooperativo tiene hoy unos 30,500 jóvenes, el 14 % del total.” [ref]“Rejuvenece el sector campesino?” Juventud Rebelde (5 de mayo 1996), p. 3.[/ref] Es decir que, a partir de esa cifras, el sector campesino y cooperativo estaría integrado por 217,857 personas.
En esta cifra habría que incluir a los 33,768 integrantes de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), y a miles de personas que en los últimos meses han recibido en usufructo pequeñas áreas de tierra, en las zonas montañosas, dedicadas al cultivo de café y tabaco. En el caso del tabaco, hasta marzo 31 de 1996, se habían entregado 1,871 caballerías a 11,986 personas. [ref]“En la vinculación al área también está la fuerza,” Trabajadores (22 de abril 1996), p. 7.[/ref]
Un resumen de la distribución de la fuerza laboral en el sector no estatal ofrece el siguiente cuadro:
Añado un dato de interés acerca de la fuerza de trabajo empleada en el sector estatal: el 12 por ciento de la fuerza laboral en el sector civil estatal se compone de trabajadores contratados a tiempo parcial. [ref]“Uso y abuso del contrato por tiempo determinado,” Trabajadores (3 de junio 1996), p. 10.[/ref]
Por último hay un aspecto muy importante relacionado con la Seguridad Social que representa un serio problema actual, con implicaciones futuras.
Cuba, con un promedio de vida de 75 años, es un país con un alto porcentaje de jubilados por incapacidad de trabajar. De enero a agosto de 1995, de cada 1,000 trabajadores que se jubilaron 388 lo hicieron por incapacidad laboral, es decir, sin llegar a la edad establecida.
Cada año unos 100,000 trabajadores acuden a las comisiones de peritaje buscando retiro por incapacidad. Hay en total 1,200,000 jubilados en el país. En 1990 la invalidez total representaba el 25.9% de las jubilaciones concedidas. En 1995 ascendió a 37.3% Lo más grave aún es que la mayoría de estos “jubilados por incapacidad” cuya edad promedio es de 45 años, además de cobrar sus pensiones vitalicias, vuelven a emplearse en áreas estatales o se convierten en trabajadores por cuenta propia. Este año los ingresos a la Seguridad Social no llegarán a los 900 millones de pesos, pero los gastos sobrepasarán los 1,600 millones. [ref]“Una paradoja que debemos resolver”. Trabajadores (25 de marzo 1996) p. 2.[/ref]
Todos estos cambios en la estructura laboral han tenido a su vez un impacto en la sociedad cubana cuyas repercusiones más significativas se reflejan desde la organización sindical hasta las sociedad en general. Algo que abre un amplio campo a la investigación de los sociólogos y políticos.
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