Escribir el “Itinerario,” bajo las condiciones socioeconómicas actuales en Cuba y con las enormes restricciones que sufren los que participaron en el proyecto, es ya de por si una obra admirable. El proyecto tomó 15 meses (trabajando siete fines de semana) y envolvió a 256 personas de cinco provincias (un promedio de 36 participantes por sesión).1 Pero además, el documento es muy abarcador, se ha hecho con gran amor a Cuba, espíritu participatorio y consenso. En general coincido con el enfoque y las “herramientas” propuestas aunque con algunas observaciones que especifico. Contrapesé la tentación de tocar todos los puntos importantes del Itinerario con otros factores: la falta de tiempo y espacio, el riesgo de pecar de superficial, los comentarios de Rolando Castañeda y Jorge Sanguinetty enfocados en aspectos económicos, y mi especialización en política social. Por ello decidí concentrarme en tres temas sociales: salario adecuado, empleo y desempleo, seguridad social y salud, incluyendo aspectos económicos relacionados y trascendentes.

SALARIO ADECUADO

El documento trata este punto en varias partes. En su análisis de la realidad económica actual afirma que “los salarios son insuficientes para satisfacer las necesidades mínimas de las personas” en relación con los altos precios de los electrodomésticos, las tarifas eléctricas y los productos de primera necesidad.2 Debido a ello se apunta que muchos profesionales han abandonado su actividad para desempeñar trabajos mejor remunerados o que se han ido del país, creando una escasez de médicos, maestros, etc. Sería conveniente decir que alrededor de 20,000 médicos están trabajando en Venezuela y otros países, un 28% del total de dichos profesionales en Cuba. El objetivo general es promulgar una ley que establezca “un salario mínimo justo” y la estrategia recomienda “la implantación de salarios y tarifas horarias salariales mínimas para cada uno de los sectores de la economía,” derechos reconocidos en los Convenios de la OIT y en la legislación de todos los países de región. En los objetivos específicos está “alcanzar un salario justo y equitativo de acuerdo con las necesidades básicas de los ciudadanos, el estado de la economía en general y las ganancias de las empresas,” éstas deben “pagar salarios justos” como parte de la distribución de la renta que generan, incluyendo la participación de los trabajadores en las ganancias.

Sorprende, por tanto, que un aspecto tan importante no haya recibido ni un solo voto en el ordenamiento de prioridades por “sectores” o “categorías” (p. 67). Esto puede ser un resultado de la metodología pero un aspecto conexo, el “libre trabajo por cuenta propia,” recibió el máximo de votos. El salario adecuado se plantea como problema, objetivo y estrategia pero sin concretar políticas específicas para lograrlo. No obstante otros consejos del documento constituyen la base para alcanzar esa meta: introducción de una economía “mixta” (privada, pública, cooperativa); descentralización económica y autonomía de las empresas y cooperativas; creación, promoción y fortalecimiento de empresas pequeñas y medianas (PYME) e introducción de estímulos individuales, todos los cuales faltan hoy en Cuba. El Grupo de Estudio sobre Cuba ha recomendado que las remesas puedan ser invertidas en pequeños negocios en la Isla pero el Ministro de Economía José Luís Rodríguez rechazó en 2007 esa idea sensata, avalada por la experiencia de muchos países latinoamericanos, y que ha contribuido a la creación de empleo, incremento del ingreso y desarrollo económico. Sería conveniente que el documento plantease que las remesas no sean sólo para el consumo sino que se autorice su inversión en las PYME.

También el Itinerario nota apropiadamente que la producción cubana es insuficiente y que ello dispara los precios, lo cual es a su vez resultado del actual ineficiente sistema económico; de manera que cambiar el sistema de estatal a mixto (una economía de mercado con adecuada intervención estatal3) mejoraría la producción agrícola-manufacturera, expandiría el suministro y reduciría los precios, contribuyendo así a que los salarios sean adecuados. Por último, aunque no es salario sino ingreso, en vista al actual debate en Cuba habría que plantear que los campesinos privados y las cooperativas reciban un pago adecuado por la venta de sus productos, puesto que como ha planteado Oscar Espinosa Chepe, el aumento hecho en los precios de acopio de la leche y la carne, aunque positivo, es sólo 4–6% del precio de venta al menudeo de dichos productos.

EMPLEO Y DESEMPLEO

El documento aboga por el “incremento paulatino del empleo” y en los objetivos específicos “estimular la creación de nuevos empleos,” con una estrategia más concreta: una política fiscal que regule un sistema de estimulación de empresas que creen nuevos empleos,” así como “mecanismos sociales y educacionales para reorientar a los desempleados hacia nuevos oficios, profesiones o perfiles laborales.” Esto existe en muchos países, incluyendo Chile que desde la restauración de la democracia es el país con la tasa de crecimiento mayor y estabilidad fiscal superior y más prologada en la región. El Estado otorga descuentos en los impuestos a las ganancias a las empresas que crean empleos, pero habría que añadir productivos, porque uno de los problemas más serios de la economía cubana es el empleo innecesario con bajísima productividad (subempleo): “el Estado pretende que me paga y yo pretendo que trabajo.” Aquí hay una conexión crucial con la estrategia para lograr un salario adecuado: es necesario cambiar la actual mentalidad de que escamotear el esfuerzo es justo porque se trata del Estado; para que haya un salario adecuado en una economía moderna de mercado debe haber también el esfuerzo laboral correspondiente.

La otra recomendación del documento está avalada por agencias o servicios públicos de empleo en casi todos los países del mundo que re-entrenan y re-localizan a los desempleados para que sean capaces de cambiar de empleo y lugar de trabajo de acuerdo con la demanda laboral y los avances tecnológicos. Aunque muy educada, la fuerza laboral cubana necesita ser re-entrenada de cara a las nuevas tecnologías y la demanda; también la educación vocacional y adulta debería de ser ampliada. La frase del documento que “la política fiscal regule un sistema de estimulación a…aquellos que se dediquen a organizar un sistema de reciclaje laboral y profesional,” no deja claro si se recomienda que sean las empresas las que realicen esa función, lo cual sería factible en las multinacionales o grandes pero no en las PYME, de ahí la conveniencia de una agencia estatal. El punto de la sección anterior sobre la promoción de las PYME y la inversión de las remesas también es crucial para la creación de empleo; además se debería estimular a las empresas privatizadas a transferir actividades secundarias a empresas pequeñas a fin de generar nuevos empleos y mayor productividad. Por último es muy acertada la recomendación de autorizar “el libre trabajo por cuenta propia” que desde 2003 ha sido absurdamente restringido y agobiado en Cuba provocando su drástica disminución y sumergimiento ilegal.

Cuba debería evitar el ejemplo de Rusia (CIS), que protegió a los trabajos por medio del exceso de empleados en empresas estatales, cooperativas y agencias públicas. Por el contrario, debería seguir el modelo de los países de la Europa del Este y el Báltico, los cuales dieron prioridad a la productividad laboral, al despedir a los trabajadores innecesarios y promover PYME, lo cual condujo a un mayor crecimiento. Cuba, sin embargo, debería poner más énfasis en políticas sociales que hagan frente al enorme desempleo declarado que seguirá al hacer más eficaces las empresas estatales. Como recomienda el documento, las leyes laborales deben ser enmendadas de modo de permitir la creación de sindicatos libres que defiendan los derechos de los trabajadores— añadiendo: a través de las negociaciones colectivas.

El documento también recomienda la creación por un código de trabajo de “un seguro obligatorio de desempleo cuando se produzcan despidos.” El seguro de desempleo—que paga una prestación por cierto número de semanas, basado en el nivel salarial y los años de trabajo—es típico de los países de Europa del Este y del Báltico con un ingreso por habitante alto. Por el contrario, la asistencia al desempleo —una prestación universal igual para todos pagadera por cierto período de tiempo—y las indemnizaciones —una cantidad que se paga al despedir al trabajador—son las dos formas que existen en antiguos países socialistas de ingreso por habitante medio y bajo. Este modelo es el más apropiado para Cuba al comienzo, con un cambio al seguro de desempleo cuando mejoren las condiciones económicas. Cualquiera que sea el programa adoptado, las prestaciones no pueden ser muy generosas so pena de resultar demasiado onerosas para el fisco; también se las debe hacer depender del re-entrenamiento del trabajador y su aceptación de un empleo adecuado.

SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIALES

El Itinerario incluye entre los “aciertos” de la Revolución “el nivel que ha alcanzado la seguridad social” y asumo que se refiere a que en los decenios de los 60 y 70 se extendió la cobertura de pensiones de vejez, invalidez y muerte a virtualmente toda la fuerza laboral. Pero por otra parte el documento plantea como prioridad “implementar y garantizar que la seguridad social asegure una condición económica digna a los jubilados y pensionados” y ofrece como estrategias que la Constitución garantice un sistema de seguridad social y la promulgación de una nueva ley y reglamento en este campo. Esta aparente contradicción se debe a que el poder adquisitivo de las pensiones se redujo de manera drástica; a pesar del aumento reciente, a fines de 2005 la pensión promedio mensual era 180 pesos (9 dólares) y la pensión promedio recibida por la mitad de los pensionados era 150 pesos (7.50 dólares). Además la antigua red suplementaria que ayudaba a los jubilados antes de la crisis (transporte barato, salud gratuita y adecuada, racionamiento magro pero que cubría al menos las necesidades básicas de alimentos) desapareció en el decenio de los 90: los ancianos no pueden esperar por los escasos ómnibus ni luchar para entrar en ellos y un taxi cuesta una fortuna, el sistema de salud se ha deteriorado de manera grave (ver la sección que sigue) y el racionamiento de alimentos sólo cubre una semana al mes.

El problema se agrava debido al envejecimiento de la población que nota Sanguinetty: hoy Cuba tiene la población más envejecida de la región después del Uruguay y sobrepasará a este país en 2025; en 2006 la población cubana se redujo en 0.3% (ONE, Anuario Estadístico de Cuba 2006) y todo esto aumenta la carga de las pensiones, pues habrá cada vez menos trabajadores activos y más pasivos. Además, las edades de retiro en Cuba son de las más bajas en América Latina: 55 las mujeres y 65 los hombres, dando lugar a los periodos de retiro más largos de la región debido a la alta esperanza de vida. Por último sólo las empresas contribuyen 12% a la seguridad social y la mayoría de los trabajadores no contribuye (sólo el 20% que está en el sistema de perfeccionamiento empresarial), por lo que el Estado subsidia el 40% del costo de las pensiones. Por todo ello aumentar éstas, aunque socialmente necesario es fiscalmente difícil, y es esencial aumentar la edad de retiro y gradualmente establecer una contribución del trabajador según mejore la situación económica.

El documento también recomienda: “establecer un capítulo [¿en la Constitución?] para la asistencia social que proteja… a los grupos vulnerables,” dar espacio a los organismos de la sociedad civil para “contribuir económicamente con el fondo de asistencia social,” y “estimular mediante mecanismos económicos, la cooperación de las empresas con las organizaciones… de asistencia social.” La ayuda mensual por asistencia social a fines de 2005, después de su aumento, promediaba 122 pesos (6 dólares). Economistas cubanos han estimado que 20% de la población urbana de Cuba es pobre y una encuesta mostró que 31% de los habitantes de de la Ciudad de La Habana se consideraba a si misma pobre en el ingreso; la situación en el resto del país debe ser peor y la asistencia social aunque ha aumentado su presupuesto en años recientes es notoriamente insuficiente tanto en su cobertura como en sus beneficios. La experiencia de los antiguos países socialistas muestra que cuando ocurre una transición hacia el mercado aumenta la pobreza, al menos por un tiempo en los países más exitosos. De manera que esta recomendación del Itinerario es esencial y debe crearse una red de protección social o “fondo de asistencia social.” La contribución de la sociedad civil es y será importante, particularmente la Iglesia con su atención a los ancianos en asilos y suministro de alimentos y medicinas, pero se necesitará también de substancial ayuda internacional. Los “estímulos económicos” los entiendo como descuento del impuesto a las ganancias por donaciones de las empresas (pero también de individuos) a la asistencia social, pero habría que regular esto para evitar abusos.

SALUD PÚBLICA

Llama la atención que los “aciertos” reconocidos en el documento incluyan a la seguridad social pero no a la salud, a pesar de que, entre las prioridades votadas por los participantes, la salud ocupó el tercer lugar en importancia y la seguridad social no recibió ni un voto. Creo que eso se explica porque si bien Cuba extendió la cobertura de la atención de salud a toda la población y tenía altos indicadores hasta 1989 (aunque con ineficiencias y fallas), durante la crisis de los 90 y el “Período Especial” ocurrió un grave deterioro que afectó a todos los indicadores (menos la mortalidad infantil); aunque ha ocurrido cierta recuperación, la situación del sector salud sigue siendo precaria.

Aparte del tema de la seguridad e higiene del trabajo, el cual es importante pero no tocaré, el Itinerario dedica muy poco espacio a la salud. Ésta no se trata hasta la “Sexta Etapa,” dentro de los “objetivos específicos para evaluar sectores económicos, si bien antes en las estrategias para promover el desarrollo humano integral se menciona “crear un mecanismo que permita fiscalizar la distribución eficaz del ingreso nacional de manera que el Estado pueda apoyar subsidiariamente un sistema de salud…”, así como “asegurar que las leyes de presupuesto permitan al Estado invertir en los sectores de salud…” En el sector de salud pública se recomienda: “Garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos humanos, tecnológicos y económicos en función de la salud pública…, de manera que se asegure una verdadera protección de los sectores más vulnerables.” Lo anterior sugiere que el documento pone énfasis en tres políticas sanitarias: el uso eficiente de los recursos públicos de salud, la focalización de la protección de la salud pública en los grupos vulnerables, y el papel subsidiario del Estado en el sector.

Concuerdo plenamente en la necesidad de aumentar la eficiencia de la salud en Cuba. Es irracional e ineficiente que se gasten tantos recursos en continuar reduciendo la mortalidad infantil que ya es muy baja (aunque las estadísticas y métodos son objeto de controversia), mientras se ha abandonado la infraestructura de agua potable y alcantarillado que provoca alta morbilidad en hepatitis, diarreas agudas y otras enfermedades. Se entrenan miles de médicos pero un 28% del total de galenos se envía al exterior y se ofrecen miles de becas para estudiar medicina a extranjeros, mientras que no hay medicinas, los hospitalizados tienen que procurárselas, a más de la ropa de cama, almohada, alimentos y ciertos insumos quirúrgicos. Aunque el documento no puede tocar el tema por razones obvias, existe un sistema dual de salud: uno para la masa de la población, en franco deterioro, y otro privilegiado para la elite del poder y las fuerzas armadas.4 También coincido en que debe darse prioridad, cuando los recursos son escasos, a los grupos más vulnerables, lo cual implica eliminar el costoso sistema privilegiado para unos pocos.

La subsidiaridad del Estado, explicada en el Glosario, “define, limita y consolida la acción específica que es propia del gobernante y constituye…una garantía de la legítima autonomía del gobernado…no se puede quitar a los individuos y transferir a la comunidad [¿Estado?] lo que ellos pueden realizar por su propia iniciativa y esfuerzo…” Esta definición, basada en la Doctrina Social de la Iglesia, crea cierta confusión y sería aconsejable precisarla en el texto del documento. Aplicada en materia de salud la subsidiaridad implicaría que lo que no pueda resolverse por el individuo, le correspondería a la “comunidad” (no al Estado, sino el grupo social de los individuos en una localidad dada, por ejemplo, el barrio o la agrupación de residentes) y después al municipio y a la provincia, y que sólo le atañería en última instancia al Estado.

Pero en América Latina la doctrina neoliberal define “subsidiaridad del Estado” de manera muy diferente: la salud debe ser atendida primordialmente por el sector privado y el Estado sólo debe actuar cuando el mercado no sea capaz de resolver la atención, lo cual entra en conflicto con el principio de solidaridad entronizado en el Itinerario. Debido a los escasos recursos fiscales durante la futura transición en Cuba y dificultades para una adecuada regulación estatal, un sistema privado dejaría fuera de cobertura a la mayoría de la población, especialmente a la más vulnerable que se quiere proteger (los pobres, los viejos, las mujeres, los que sufren enfermedades crónicas) porque son los de mayor riesgo y serían excluidos de cobertura por las aseguradoras privadas o éstas les cargarían primas altísimas que no podrían pagar. El ejemplo de Chile bajo Pinochet prueba que este sistema no funcionó, hasta que los regímenes democráticos aumentaron los recursos al sector público, ampliaron los subsidios a los pobres y grupos de bajo ingreso, introdujeron un paquete de prestaciones garantizado a toda la población, regularon estrictamente a las aseguradoras prohibiendo sus abusos, y crearon una Superintencia para vigilar todo el sistema (el porcentaje de la población cubierto por las aseguradoras privadas entonces bajó de 27% a 16%). Y el sistema privado de los Estados Unidos, costosísimo, con escasa regulación estatal y enorme burocracia, deja fuera a 45 millones de personas y comete enormes abusos.

En vista del espíritu solidario del Itinerario éste debería especificar que el sistema público de salud, integrado, eliminando el trato privilegiado y con mejor eficiencia ha de jugar el papel primordial. No obstante, la teoría y praxis actual en materia de salud promueven la “descentralización,” un enfoque que tiene bastante similitud con el de la subsidiaridad en el Itinerario: la administración de los servicios de salud debe ser descentralizada de manera que la “comunidad” (como se define arriba) tenga poder de decisión y el Estado les transfiera recursos suficientes para atender a sus residentes, porque el grupo conoce mejor sus necesidades que el Estado y debe democráticamente participar en las decisiones; a niveles superiores se colocan de manera escalonada los municipios, las provincias, las regiones y el Estado. Pero éste debe tener funciones claves que no pueden ser desempeñadas ni por los individuos ni sus “comunidades”: establecer la regulación del sistema y vigilar su cumplimiento, garantizar un mínimo de prestaciones básicas, financiar el sistema público (como plantea el Itinerario), ejercer la educación, prevención y promoción de la salud, y brindar la atención curativa de alta tecnología. Por último, varias razones aconsejan no excluir sino apoyar la reintroducción del sector privado en la medicina: eliminar el monopolio estatal, crear una saludable competencia, dar empleo con salario adecuado a los médicos excedentes o que han abandonado la profesión, y facilitar a los que tengan recursos una atención más personal y quizás más rápida.

Espero que estos modestos comentarios, hechos con un ánimo constructivo, puedan ser de utilidad a los participantes del Itinerario; los felicito por este documento serio y comprensivo de reflexión para el futuro de Cuba, y apoyo sin reservas a María Caridad Gálvez, Dagoberto Valdés y los integrantes del desaparecido Centro de Formación Cívica y Religiosa, en estos momentos tan duros y tristes pare ellos.

FOOTNOTES

1. La edad media de los participantes fue de 45 años, mayor que la edad media de 37 años en la población en 2006, pero esto es lógico porque los participantes fueron adultos (todos con entrenamiento universitario), además, 40% fueron mujeres versus 60% hombres lo que indica una razonable equidad de género.
2. Este punto fue aceptado por Raúl Castro en su discurso del 26 de Julio en Camagüey.
3. Coincido con la observación de Castañeda que el glosario del documento define a la “economía de mercado” como aquella en que el mercado determina todas las funciones “sin intervención alguna del gobierno.” Eso puede ser en teoría pero no existe en la práctica mundial.
4. Este último y no el primero es el que muestra Michael Moore en “Sicko” a pesar de que pide que los trabajadores de 9/11 “reciban la misma atención que el pueblo,” pero luego los llevan al Hospital Almejeiras al que la gran mayoría del pueblo no tiene acceso.